La pobreza hídrica no tiene datos

manuel c. cachafeiro | león

El 28 de julio de 2010, la Resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento. Toda una declaración y más en medio de una crisis en España con paro, desahucios, pobreza energética... Curiosamente, no hay datos oficiales de las familias a las que se les corta el agua por no pagar el recibo, que también tiene nombre y apellidos: pobreza hídrica.

Aunque los ayuntamientos de Castilla y León tienen establecidas algunas iniciativas para las rentas familiares que no pueden asumir el pago antes de que se llegue a esa última medida, el artículo 2.3 del Decreto 12/2013 de 21 de marzo de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan las prestaciones económicas destinadas a la atención de necesidades básicas de subsistencia en Castilla y León, excluye expresamente que se pueda destinar ayudas a liquidar deudas contraídas con las administraciones públicas, como puede ser el agua, algo de lo que ha dado la voz de alarma el Procurador del Común en un extenso informe reciente.

«La Junta cuenta con una Red de protección para las personas y familias afectadas por la crisis, pero no puede cubrir las situaciones de pobreza hídrica, puesto que el abastecimiento de agua potable es un servicio público, que se retribuye mediante el abono de unas tasas», explica Javier Amoedo.

La ausencia de datos oficiales hace que el único termómetro de la situación que se vive en muchas casas sean organizaciones como Cruz Roja y Cáritas, que pagan el recibo del agua dentro de su labor humanitaria. Según la respuesta que han facilitado al Defensor del Pueblo de Castilla y León, sólo Cruz Roja Española ha realizado en la provincia de León 31.000 actuaciones en los últimos años.

Además de alimentación, higiene, productos farmacéuticos y gastos derivados de la vivienda, en muchos casos también ha pagado el gasto de agua. Sólo en 2013, año al que hace referencia el estudio del Procurador, Cáritas Diocesana de León atendió 2.900 solicitudes en relación con la vivienda, de ellas 794 orientadas a garantizar el abono de alquileres y diversos suministros, agua potable incluida. La memoria de este organismo, correspondiente a 2014, incrementó un 36% ese dato, hasta las 1.793 familias. En otras palabras, las necesidades fueron a más. En el Bierzo, y según datos de Cáritas en la comarca, otras 500 familias pidieron ayuda.

El problema, en muchos casos, no tiene que ver con que no se quiera ayudar, sino con algo tan relevante para quien tiene dificultades como quién es el titular del recibo, advierte el estudio del Procurador. El Ayuntamiento de León tiene varias bonificaciones, pero siempre que se sea el titular y con un límite de 20 metros cúbicos trimestrales, que es el consumo habitual de la familia. Villaquilambre también lo fija en 20 metros trimestrales y Villablino, en 10, entre otros municipios.

El Procurador analizó la situación concreta de León a raíz de una queja de una vecina. Al estar los contadores a nombre de las comunidades de propietarios en las que se ubican las viviendas, los consumidores no pueden acceder a muchas exenciones y bonificaciones. En el caso de León, añade Amoedo, «resulta inaplicable para muchos posibles beneficiarios por la imposibilidad de acceder a un abono o contrato individual». Su recomendación es «que se tenga en cuenta la posibilidad de fijar como objetivo a medio plazo la exigencia de instalación de contadores individuales del consumo de agua, modificando a tal efecto la reglamentación local».

El concejal responsable del servicio de Aguas, José María López Benito, reconoce que es un problema para algunas familias, pero es tajante al afirmar que «en León a nadie se le corta el agua porque no pueda pagar». Aunque jurídicamente es complejo, López Benito anuncia que se está estudiando abonar el recibo a aquellas familias necesitadas que vivan en un inmueble con un contador para toda la comunidad, de acuerdo con los servicios sociales del Ayuntamiento.

La Red de apoyo familiar de la Junta «no puede conocer en su totalidad las personas o familias que pueden estar afectadas por este fenómeno, puesto que no contribuye a paliar sus consecuencias», dice Amoedo, por lo que «individualizar los consumos» es la única herramienta posible. En León y en la Comunidad.