El INSS ya ha gastado en alquiler la mitad del coste de su nueva dirección provincial

l. urdiales | león

El trayecto de la nueva sede del Instituto Nacional de la Seguridad Social en León deja un rosario de imprevisiones presupuestarias que se detiene hoy en una cifra; el organismo ya lleva gastado en alquiler la mitad de lo que supondrá la inversión final del edificio que levantará junto al chaflán del paseo de la Facultad y República Argentina. La factura del arriendo completa ya ocho ejercicios, desde que para prestar la atención se vio obligado a desplazar a la plantilla, los 250 empleados, a una sede que iba a ser provisional y va camino de hacer época. A razón de 570.000 euros para el arrendador, que resultó el antiguo edificio de telefónica de Padre Isla, propiedad de una empresa inmobiliaria perteneciente al imperio de gestión del ex presidente de Caja España, Santos Llamas. Del primer contrato de arrendamiento se acaban de cumplir ahora ocho años; el traslado de la sede del INSS se acometió en octubre del 2008, apenas dos meses después de que la oferta de la empresa inmobiliaria de Llamas encajara con los exigencias del pliego de condiciones que expuso el organismo público para lograr un espacio desde el que despachar el servicio que presta a los cotizantes de la provincia leonesa; el plazo inconcreto de estacionalidad, traslado mientras se levantaba otra construcción junto a la glorieta de Guzmán, se ha dilatado en el tiempo hasta alcanzar los ocho ejercicios en las dependencias de la antigua sede de Telefónica en León, una construcción definida como racionalista en el número 16 de Padre Isla. Y se ha dilatado también la cuantía que para las arcas del Estado supone esa mudanza provisional. No levanta aún la estructura de hormigón de la nueva sede del primer sótano y el coste de la operación supera ya los 4,5 millones de euros, a razón de las condiciones del acuerdo de alquiler de las oficinas temporales; una cantidad notoria, si se tiene en cuenta que el presupuesto destinado para levantar la nueva sede es de 9,9 millones de euros, según resulta de los términos de la adjudicación aprobada la pasada primavera por el Ministerio de Empleo.

Los plazos de alquiler de la sede alternativa también saltaron por los aires, igual que las previsiones que se fijaron en un calendario en torno al derribo de la vieja sede, el vaciado del solar, la licitación de la nueva estructura y su ejecución; esta cadena de detalles intempestivos llevó a los responsables del organismo de la Seguridad Social a revisar el contrato de alquiler del edificio de Padre Isla cada año desde el otoño del 2011; ha pasado un lustro. Y el Instituto dependiente del Ministerio de Empleo abona cada año la factura del daño colateral del planteamiento fallido de acometer en 36 meses el traslado y regreso al punto en el que ahora ya, desde junio, se inyecta hormigón a la sede de su dirección provincial. Esperará otros dos años para acometer el regreso, si las previsiones no fallan ahora.