El decreto intenta controlar la actividad clandestina en el sector
El decreto aprobado por la Junta de Castilla y León reconoce que los turistas «demandan alojamientos alternativos a los tradicionalmente existentes», por lo que se hace necesaria la regulación para evitar «la actividad clandestina» y conseguir «calidad y excelencia del turismo como estrategia de futuro».
Establece así que las viviendas turísticas se definen por comercializarse a través de canales como las agencias de viaje y las centrales de reserva, y «aquellas viviendas que no se publiciten por estos medios quedarán fuera de la regulacíon turística y serán sometidas como hasta ahora a la normativa de arrendamientos urbanos».
El «equilibrio» de intereses que busca la normativa contempla la aparición de nuevas plataformas digitales e innovaciones tecnológicas, que reconoce que «ha tenido un efecto dinamizador en el sector del alojamiento turístico». Pero establece requisitos técnicos para que la actividad se legalice, y se adapte a la normativa europea.
De hecho, establece que cuando la vivienda se alquile por más de dos meses seguidos no se considera uso turístico, por lo que tendrá que regularse por la Ley de Arrendamientos Urbanos.
También exige las condiciones que deben tener estas viviendas: como mínimo dormitorio, salón-comedor, cocina y cuarto de baño. Se regulan las dimensiones de cada dependencia.