El norte de León alcanza una década de pleitos frente a los daños de la variante

l. urdiales | león

La exposición que en 2002 asentó el dictamen del impacto ambiental de la variante de Pajares sobre una zona amparada por la Red Natura, aún levanta recelos en el norte de León: no habría efectos porque la obra iba bajo tierra, justificaron los informes encargados por Fomento. En ese punto se encarniza la batalla de una veintena de pueblos y juntas vecinales de la cuenca alta del Bernesga, que desde hace una década esperan respuesta de los organismos ante los daños que en ese entorno han derivado del túnel ferroviario. Una década en la ventanilla de administraciones y organismos que promovieron la intervención, lejos de la solución que demandan los afectados, la reparación, la evaluación de los riesgos; y una fórmula para restañarlos en el tiempo. Y silencio, que si alguna vez se rompió por parte de los organismos demandados sólo fue para matizar que no se perseguirían las infracciones medio ambientales; ni administrativa ni, por supuesto, penalmente.

La reciente divulgación de las multas y sanciones que la Confederación Hidrográfica del Cantábrico aplicó a las constructoras de los túneles por infracciones cometidas en el avance de las galerías subterráneas agita la esperanza de las entidades afectadas en la cara sur de la cordillera. La respuesta, tan distante a uno y otro lado del Pajares, se interpreta como una señal de agravio en la vertiente leonesa. Y no porque se hayan regateado medios para tratar de forzar a las administraciones a solucionar la agresión, cuyo mejor exponente es un corte transversal de los acuíferos y una sangría hídrica que desvía de la cuenca del Duero hacia el Cantábrico entre 300 y 400 litros por segundo. De forma ininterrumpida desde hace una década. El silencio administrativo obligó a una veintena de pueblos leoneses que han visto mermado el suministro de agua procedente de fuentes y manantiales que surten su demanda desde tiempo inmemorial a acudir ante los estamentos de la Unión Europea al entender que el paso de la horadadora bajo la cordillera dejó notables evidencias de quebrantamiento del derecho europeo. La Unidad de Infracciones de la Unión Europea estudia ahora el expediente de denuncia que le cursaron las localidades leonesas afectadas, unidas bajo un consorcio de juntas y asociaciones vecinales leonesas, a las que después se unieron otras de Asturias, de Pola de Lena y Campomanes. Este ente europeo llevará a término este proceso de investigación y aportará unas conclusiones a través de una carta de emplazamiento; así expondrá al Ministerio de Fomento la intervención que debe acometer para solucionar el trastorno que para el equilibrio natural del entorno causan los desvíos de los cursos de agua de León hacia la vertiente Cantábrica. Los demandantes señalan los efectos de las obras sobre la legislación que afecta a tres directivas: la de hábitats, la evaluación del impacto ambiental y la de aguas. El objetivo final es que tanto promotores como ejecutores de la estructura asuman la responsabilidad de un acto que ha dejado unas consecuencias irreparables para el entorno d de la montaña del Bernesga, para sus pueblos, para el suministro y el acceso al agua. De ahí el empeño de las entidades demandantes en lograr que se apliquen las correcciones que resulten oportunas al estudio de impacto ambiental que se dictaminó para la obra de la variante. «Nada del desastre que ha causado figuraba en aquellos informes; y menos, abordar las daños sucesivos que causa y causará en el futuro», aseveran fuentes de las entidades locales que pleitean desde hace una década por la brecha en las entrañas de la tierra.