TRIBUNALES
El trasfondo de un ajuste de cuentas
Suspendida la vista por las puñaladas de Papalaguinda
m.a.z.
De acuerdo a las preguntas sin respuesta que formularon ayer la fiscal y el letrado de la acusación particular, el caso provenía de una posible venganza por un robo que había sufrido el sospechoso el día anterior a los hechos. Un trabajador del CIS citado a declarar iba a ser preguntado si ciertamente el acusado había manifestado que sabía perfectamente quiénes le habían sustraído parte de sus pertenencias y si había afirmado que las cosas no iban a quedar así. En cualquier caso, son preguntas que se formularán en el transcurso del juicio que se celebrará en su momento.
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial decretó ayer la suspensión de juicio abierto contra un individuo que en su día fue condenado por un delito de agresión sexual y al que esta vez se juzgaba acusado de un homicidio en grado de tentativa, por el que la fiscal solicita una pena de nueve años de prisión.
La vista se inició con casi una hora de retraso por una coincidencia de juicios para el letrado de la acusación particular. Cuando por fin se puso en marcha la sesión, el acusado se negó a declarar y llegado el turno de la víctima, no compareció en la sala pese a que se le había notificado la obligación de estar presente. El Ministerio Fiscal y la representación letrada del varón que fue objeto del ataque interesaron la suspensión del acto, a la que se negó el abogado de la defensa por entender que el motivo de la ausencia de la víctima era totalmente voluntario: «Se le ha comunicado el día y la hora en los que debería de estar presente aquí. Si no está es porque no quiere». Tras una breve deliberación de los magistrados, se decretó la suspensión del juicio, que será señalado para después del verano previsiblemente. La defensa del sospechoso hizo constar su protesta.
La posibilidad de negociar un acuerdo de conformidad en delitos con penas tan elevadas como la que se pide (nueve años de prisión para el procesado) impide alcanzar pactos en estas circunstancias. No obstante, en el aire flotó la opción de rebajar en parte la propuesta de pena a cambio de la sugerencia de aplicación de determinadas atenuantes que podrían concurrir en el caso del acusado. Esta vía tendrá resolución en la siguiente entrega. Están propuestos como testigos los agentes que practicaron la detención y los peritos forenses que examinaron a la víctima.
De acuerdo al escrito de calificaciones provisionales, los hechos datan de mediados de febrero de 2015. La víctima era un varón de origen subsahariano, que se encontraba cruzando el parque de Papalaguinda. El acusado se acercó de forma sorpresiva por detrás a la víctima y le clavó un cuchillo de unos diez centímetros de hoja, con ánimo de acabar con su vida. En el momento en el que se giró, y después de haber recibido dos puñaladas iniciales, fue víctima de una tercera en la zona abdominal, al tiempo que el sospechoso le decía que le iba a matar. El perjudicado logró protegerse con unas vigas verticales mientras el procesado trataba de clavarle el cuchillo de nuevo.
La víctima pudo haber muerto de no haber recibido atención médica inmediata.
La fiscal propone una pena de nueve años de prisión, alejamiento a 200 metros durante diez años y una indemnización de 8.438 euros por los daños causados.