Doce años de incertidumbre y unos meses más de espera

miguel ángel zamora | león

La determinación de la Audiencia Provincial de exigir al principal sospechoso del crimen de Navatejera que se someta a las pruebas de ADN «empleando la fuerza imprescindible si es necesario» puede ayudar a esclarecer el caso y hacer luz en algunas de las interrogantes que rodean a esta causa. Son ya doce años de espera.

2005. 21 de mayo: La desaparición de la víctima

Rocío Fernández Ameijeiras, una joven de 24 años, sale de su casa en Trobajo del Camino tras citarse con su novio. La joven estaba embarazada y según la familia de ella, no quería hacerse cargo del bebé. No regresa a casa y durante varios días, sus padres reciben SMS desde el teléfono móvil de la joven en los que les informa de que se ha ido a Madrid a buscar trabajo.

2005. 9 de junio: Un primer detenido

Agentes de la Guardia Civil proceden a la detención del compañero sentimental de la muchacha por su relación con el caso. El primer juez instructor le toma declaración y lo pone en libertad con cargos.

2005. 11 de junio: La autopsia revela los primeros datos

El cadáver tenía las extremidades atadas con cinta adhesiva y estaba envuelto en bolsas de basura. Las primeras pruebas de ADN no arrojan luz y tampoco se consiguen resultados positivos en la investigación de las antenas de telefonía móvil para determinar el origen de los mensajes.

2006. 18 de enero: Manifestación de protesta

Los padres de Rocío Fernández convocan una manifestación para exigir soluciones al caso siete meses después de los hechos.

2006. 21 de enero: Se levanta el secreto del sumario

La jueza instructora levanta el secreto del sumario y la familia empieza a lanzar las primeras acusaciones: «Nosotros sí sabemos quién lo hizo», reiteran constantemente.

2007. 21 de marzo: Denuncian irregularidades

Los padres de Rocío denuncian irregularidades en el proceso judicial y destapan la existencia de un supuesto testigo de los hechos que conocía el caso «al dedillo». Sostienen que no se le tomó declaración hasta cuatro días después y que luego cambió su versión.

2008. 7 de junio: Cambio de forenses

Los progenitores de la fallecida cambian de forense y solicitan una nueva autopsia para buscar nuevos datos.

2008. 21 de octubre: Negativa de la Fiscalía

El Ministerio Fiscal deniega el permiso para analizar la ropa y los plásticos que aparecieron junto al cadáver.

2009. 12 de marzo: Piden llevarlo a la Audiencia

El letrado de la familia solicita que se traslade el sumario a la Audiencia Provincial y reiniciar la investigación.

2010. 12 de mayo: Cinco años aferrados a una huella

Tras un lustro de investigación y de procedimiento judicial sin resultados, la familia de Rocío clama por una solución a su causa y sostiene que se están produciendo demasiadas obstaculizaciones a su investigación.

2012. 20 de septiembre: La jueza decide que se archive el caso por falta de pruebas

La titular del juzgado de Instrucción número 3 de los de León decide que se dé por cerrado el caso ante la imposibilidad de encontrar pruebas fiables de la autoría.

2014. 22 de noviembre: Vuelco científico en el caso

Luis Frontela, el forense contratado por la familia de la joven, da un vuelco al caso al encontrar 29 pelos en una segunda autopsia, tras analizar la ropa que vestía el cadáver en el momento de su hallazgo.

2015. 11 de noviembre: Primera orden de pruebas de ADN

La Audiencia Provincial decide reabrir el caso ante los indicios hallados y estima el recurso presentado por la familia para no archivar la causa. Ordena que se realicen las pruebas de ADN con los cabellos del principal investigado.

2016. 8 de enero: El sospechoso se niega a pasar las pruebas

Sostiene que se vulneran sus derechos fundamentales y anuncia que no se someterá a las pruebas por considerar que no hay motivos legales para hacerlo.

2017. 21 de julio: La Audiencia ordena que se hagan las pruebas de ADN por la fuerza

Un auto de la Sección Tercera estipula que M.M.A. debe someterse al cotejo de sus cabellos para compararlos con los hallados en la autopsia del forense de la familia y que si el aludido no acepta dará la orden a las fuerzas de orden público para que «utilizando la mínima fuerza imprescindible» lleven a cabo esa labor en el Instituto de Medicina Legal de León. No hay fecha de momento para que se lleve a cabo la diligencia.