El Consultivo pasa de paralizar a anular el contrato para renovar el alumbrado exterior porque favorece a las empresas de obra

álvaro caballero | león

Vuelta a empezar. El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarcyl) declara la «nulidad de los pliegos y demás documentos contractuales» del concurso público para la renovación del alumbrado exterior del municipio. No sirve ya el proceso en curso, que se encontraba en fase de evaluación de las tres ofertas recibidas. Ahora, el Ayuntamiento tendrá que retomar toda la tramitación administrativa desde el principio, después de que el órgano dependiente del Consejo Consultivo resolviera que en los pliegos está «deficientemente definido el objeto y la naturaleza y régimen del contrato», además de que se exige «una clasificación incompatible con el contrato indicado».

El dictamen, notificado ayer, apenas cuatro días después de que paralizara de manera cautelar el proceso, como adelantó este periódico, recalca que «los pliegos que rigen el presente contrato favorecen injustificadamente a las empresas de obras». Esta situación se sucede, como apunta el dictamen, «a pesar de que el objeto principal del contrato es la gestión eficiente del suministro de energía eléctrica y que el pliego de prescripciones técnicas indica que el contrato va dirigido a una empresa de servicios energéticos, cuyo objeto específico es proporcionar servicios de mejora de la eficiencia energética y basan la remuneración en la obtención de ahorros energéticos». «Así, se exige una clasificación como contratista de obras y se impone al adjudicatario la ejecución completa de las mismas», como se expone en la argumentación del Tarcyl, expuesta a partir del recurso interpuesto por la Asociación de Empresas de Mantenimiento Integral y Servicios Estratégicos (AMI). En este colectivo están tres de las empresas que han presentado oferta: Ferrovial, que va en solitario; Ingesán, que va en UTE con OHL y Fermasa; y FCC, que concurre junto a Telice.

El Tarcyl abunda en que «en el presente caso se ha calificado el contrato como ‘gestión indirecta del servicio público integral de iluminación exterior del municipio de León’, cuando la denominación correcta hubiera sido ‘concesión de servicios’, para posteriormente exigir la clasificación en el contrato de obras, lo que podría llevar a empresas que deberían ejecutar este contrato según los pliegos no puedan acceder fácilmente a éste».

La exposición del tribunal contradice la argumentación del Ayuntamiento, que defendía, a partir del dictamen de sus técnicos, que se debía exigir la clasificación de obras puesto que 10,08 millones de euros del total de 20,8 millones del contrato se apuntaban como gasto por el cambio de las casi 20.000 luminarias del municipio y el sistema de control. Pese a este criterio, el equipo de gobierno confirmó ayer que no acudirán a la vía contencioso administrativa para frenar el recurso del Tarcyl, sino que volverá a tramitar los pliegos de acuerdo a la resolución del Consultivo: se eliminará la clasificación y se pasará a calificar el contrato como «concesión de servicios». No se plantea la gestión directa pública, como exigieron ayer Izquierda Abierta y León en Común.

Los cambios harán que la nueva infraestructura, anunciada hace 3 años, se retrase de nuevo. Ya en julio de 2016 el Consultivo frenó que se adjudicara de manera directa a Somacyl, dependiente de la Consejería de Fomento, debido a la entrada de una nueva directiva europea. Ahora, entre aprobación de pliegos, nueva publicación en el boletín de la Unión Europea, recepción de ofertas, valoración y adjudicación, el cambio de las luminarias no estará ejecutada como pronto hasta finales de 2018.