Sólo Francisco Fernández acepta declarar por los créditos de la Caja a Santos Llamas

De los ocho ex consejeros de Caja España citados a declarar hoy en el juzgado de instrucción número 5 de León por la refinanciacion de los créditos al entonces presidente Santos Llamas sólo el ex alcalde socialista Francisco Fernández ha prestado declaración. Los otros siete se han acogido a su derecho a no declarar hasta que se decida si la causa se traslada al Tribunal Supremo, debido a la condición de aforado de Fernando Martínez Maíllo.

Así lo han decidido las defensas de seis de los siete ex consejeros que no han declarado. Por su parte Javier García _Prieto señaló que la documentación de la causa le llegó hace apenas unos días (en fases anteriores del proceso tenía condición de aforado), por lo que ha sido imposible estudiar los informes para preparar su defensa. Ambos han insistido en que el único objetivo de todas y cada una de las decisiones tomadas durante su etapa en el consejo de Caja España fue defender los intereses de la entidad y de los ahorradores.

Los primeros en abandonar la sede judicial tras declinar declarar han sido Miguel Ángel Álvarez, que representó a UGT en el consejo de la extinta Caja España, y Javier García-Prieto, actual concejal del PP en el Ayuntamiento de León. En declaraciones a los periodistas, Álvarez ha explicado que se ha acogido a su derecho a no declarar "dadas las circunstancias y el punto en el que se encuentra el proceso".

"Las circunstancias que me han llevado a no declarar ahora y aquí son que hay un auto de sobreseimiento pendiente de decidir y también que uno de los implicados puede estar afectado por un aforamiento y que puede modificar un poco qué pasa, cómo pasa y dónde pasa", ha explicado el dirigente sindical. En el caso del supuesto implicado aforado se refería al coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo, que es diputado y deberá prestar declaración en el Supremo.

Por su parte, García-Prieto, que también se ha acogido a su derecho a no declarar, ha explicado que respeta los informes de la Fiscalía y de las acusaciones particulares, pero ha afirmado que en su caso concreto actuó siempre "de acuerdo a la más estricta legalidad".

"Sentimos es ese momento que era prudente y nada temerario seguir los dictámenes técnicos que eran los que proponían las operaciones y obramos en consecuencia siempre en interés general de la Caja", ha declarado.

IU está personada como acusación particular en la causa y la letrada que representa a la coalición, Ana Peñalosa, ha manifestado a su llegada al Juzgado que confía en que los exconsejeros que están siendo investigados por supuesta administración desleal sean finalmente juzgados "porque todo apunta que hay indicio de delito".

Los exconsejeros están siendo investigados en esta causa por participar en la reunión de febrero de 2009 del consejo de administración de Caja España en la que se dio vía libre a operaciones de crédito y avales financieros a Santos Llamas, que en su conjunto llegaron a sumar un valor cercano a los setenta millones de euros.

Unas operaciones que se suscribieron por Llamas con la entidad que presidía y que, según el informe del Banco de España, no fueron computadas como de alto riesgo por lo que se investiga si se produjo una administración desleal que causó un perjuicio millonario a la entidad y a las que se suman otras operaciones y dudosas refinanciaciones crediticias a otros empresarios de la construcción.