Diario de León

TRIBUNALES ■ LA CAJA, ANTE EL JUEZ

Refinanciar los créditos inmobiliarios permitió sostener la caja y 2.000 empleos

Los exconsejeros socialistas reclaman la declaración de directivos y técnicos de la entidad

Begoña Núñez, Olga Palacio, Zenón Jiménez Ridruejo y Marcos García, ayer a su llegada al  juzgado. JESÚS

Begoña Núñez, Olga Palacio, Zenón Jiménez Ridruejo y Marcos García, ayer a su llegada al juzgado. JESÚS

León

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«Hoy, con todo lo que sé, volvería a hacer lo mismo. Con aquella terrible crisis económica y el enorme aumento del paro, aún a sabiendas de que por primera vez en mi vida me iban a acusar de deslealtad, por primera vez iba a estar en los tribunales, y del juicio de la prensa, muchas veces injusto, volvería a decidir la novación de los créditos del grupo de Santos Llamas». El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Valladolid y exconsejero de Caja España Zenón Jiménez Ridruejo defendió ayer a su salida de la declaración ante el juez que «no puede haber deslealtad con una entidad cuando se han estudiado a fondo los documentos y se le ha dedicado tanto tiempo».

Jiménez Ridruejo compareció ante el Juzgado de Instrucción Número 5, que lleva el caso de presunta administración desleal contra los consejeros de Caja España que a comienzos de 2009 aprobaron la refinanciación de los créditos del entonces presidente, el constructor Santos Llamas. Junto a él declararon otros tres consejeros socialistas (Marcos García, Olga Palacio y Begoña Núñez); además del dirigente del sindicato agrario Asaja, José Antonio Turrado.

El catedrático destacó después de responder durante más de dos horas a las preguntas de juez, fiscal, acusaciones y defensas que «las alternativas en aquel momento estaban muy claras: si no aprobábamos la novación de los grupos inmobiliarios, y el de Llamas era uno más, la alternativa era que Caja España hubiera podido entrar en pérdidas en 2009, y en concurso de acreedores». Una situación que hubiera sido «mucho más dramática y costosa tanto económica como socialmente».

Jiménez Ridruejo recordó que en 2009 la crisis financiera y económica «era ya terrible, y era necesario sostener los puestos de trabajo y mantener la estabilidad del sistema financiero de Castilla y León». Para ello, era fundamental no dejar caer a las empresas inmobiliarias, de hecho un estudio calcula en 2.000 los empleos del sector de la construcción que se conservaron gracias a que estas empresas pudieron mantener la actividad.

Insistió en que la salvaguarda de estos intereses fue fundamental a la hora de tomar una decisión que se ejecutó «con fundamento, estudio, seriedad y rigor, y sin tener en cuenta quién era el presidente». Al que el ex consejero del PSOE señaló que no apoyó para el cargo.

En la misma línea se llevó a cabo la declaración de Olga Palacio, Begoña Núñez y Marcos García, los otros tres ex consejeros socialistas defendidos por Francisca Cobo. Todos ellos respondieron también a las preguntas de las acusaciones.

Palacio destacó, como García y Núñez, que tenían claro que la operación cumplía con la legalidad; e insistió en que la única finalidad perseguida en todo momento fue «el beneficio total y absoluto de la caja». Recordaron que la decisión no sólo estaba avalada por los técnicos, sino que se analizó minuciosamente en el grupo de trabajo que estos ex consejeros tenían, y que las operaciones vinculadas (que afectaban a algún miembro de la dirección) tenían una especial vigilancia; que seguía después el Banco de España. Aunque fueron operaciones generalizadas en el sector inmobiliario en aquella época. «Ha quedado claro que no íbamos a levantar la mano, todo se estudiaba en profundidad».

Núñez también insistió en tener «la conciencia muy tranquila, porque siempre se cumplió con la legalidad y se persiguió el beneficio de la caja».

José Antonio Turrado, que estuvo acompañado por los responsables autonómico y local de Asaja además de por su abogado, fue el último en declarar. Únicamente tuvo preguntas del juez y de su abogado (aunque previamente había mostrado su intención de no contestar a las acusaciones); y mantuvo la misma línea argumental que el resto de los ex consejeros que declararon ayer. Insistió en que se tomó «la mejor decisión para los intereses de la caja, que estaba además avalada por los técnicos y supervisada»; y consideró «imposible» una «confabulación» entre los miembros del consejo para beneficiar los intereses de su presidente.

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