El nuevo plan de capacitación profesional incomoda al sector del transporte en León

León cuenta con más de mil trescientas tarjetas de transporte, punta de lanza de una sector económico que teme verse afectado por la nueva propuesta de regularización que pretende el Ministerio de Fomento. La normativa está a un paso de modificar todos los criterios de acceso a la actividad, que prescindiría a partir de la reforma del límite de antigüedad máxima de los vehículos de trabajo (cinco meses) y el techo mínimo de capacidad de carga, fijado en sesenta toneladas; porque el corsé de la exigencia mínima de disponer de, al menos, tres vehículos por negocio se diluyó tras una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que declara fuera de lugar ese requisito. Este movimiento judicial desencadenó toda la tormenta normativa que es fuente de desencuentro entre las intenciones del Gobierno y los intereses de los transportistas, autónomos en su mayor parte, tal y como sucede sobre el mapa de la distribución y dimensión de estos negocios en la provincia leonesa. Fomento ha decidido responder a la sentencia del Tribunal Europeo con nuevas cotas de rigor en los requisitos para obtener la autorización de licencia de transporte: elevar el nivel académico exigido para poder obtener el título de competencia profesional para el transporte (capacitación profesional), y obligar a que los aspirantes posean como mínimo el título de bachiller, o de formación profesional de grado medio. Una vez obtenida esa capacitación o bien a partir de contratar laboralmente a una persona que ya lo posea, plantea que se pueda obtener la autorización para ejercer la actividad de transporte sin cumplir ningún requisito, no sólo respecto a la no exigencia de una flota mínima, sino incluso de su antigüedad máxima inicial (de no superar los cinco meses), pese a que el tribunal europeo no lo declara ilegal en la sentencia emitida. «Esto supondría que cualquier persona podría acceder por primera vez al sector simplemente justificando que ha adquirido un solo vehículo de transporte y sea cual sea su antigüedad», se denunció desde la patronal que agrupa Fenadismer.

«Lo que va a suponer es que va desviar el negocio hacia sociedades cooperativas de trabajo asociado, que es una forma de burlar la normativa, al no tener vinculación laboral y desempeñar la actividad a través de subcontratas», añade Juan Carlos López Jato, que preside la asociación Upa Trans, integrada en la nacional Fetransa. La modificación aplicaría también la estabilidad laboral de los conductores profesionales contratados. López Jato teme que la intención de desregularización manifestada por Fomento termine por restar peso a los transportistas autónomos, el tramo más amplio que representa el sector en la provincia leonesa. «Lo que pretenden hacer facilita que haya más oferentes en el mercado, y eso en vez de a los transportistas terminará por beneficiar el control de los cargadores», analiza el dirigente de Upa Trans frente a la intervención que anuncia Fomento para variar el acceso a la capacitación profesional.

Desde UpaTrans, desde Fetransa, se comparte la inquietud ante el paso atrás que supondría aplicar la nueva normativa que relaja la exigencia de acceder al sector con vehículos razonablemente nuevos. «No ya sólo porque promoverían flotas muy viejas y se desandaría el camino que logramos invertir desde la pasada década», alerta este representante del transporte en León.