Semáforo rojo contra la corrupción

Los grandes casos de corrupción que abren los informativos y la primera plana de los periódicos se han debido, en gran parte, a una ley de contratación pública que los expertos califican de 'laxa'. Y es que hay ayuntamientos en los que el 90% de los contratos son menores, una irregularidad que sumada al hecho de que el 18% del Producto Interior Bruto es el resultado de adjudicaciones de obra y contratación de servicios explica las cifras de la perversión del sistema público. La nueva Ley de Contratos del Sector Público, que entró en vigor el pasado día 9, pretende poner fin a las adjudicaciones 'a dedo' y sin publicidad y a los sobrecostes por la reducción temeraria de las ofertas que las empresas presentan con el fin de adjudicarse los contratos.

Esta nueva normativa, transposición de dos directivas europeas, entró en vigor el pasado día 9, si bien llega con retraso puesto que debería haber sido sancionado el 18 de abril de 2016. El juez del Contencioso Administrativo número 3, Alfonso Pérez Conesa, destaca que la ley mejora la eficiencia, lucha contra la corrupción e introduce mejoras técnicas en la contratación pública. "No somos conscientes de la importancia que estos contratos tienen en nuestras vidas. Nos afectan casi en todo lo que hacemos, desde que nacemos hasta que morimos", manifiesta el magistrado. Una de las potencialidades de la normativa es que los elementos sociales y ambientales deben regular el 20% de los criterios de adjudicación de los contratos, un extremos que, a juicio del juez, incrementará la capacidad de las empresas para mejorar su implicación. Asimismo, abre la puerta a la materialización de demandas públicas como el incremento de la transparencia porque se acotan los contratos menores. "Se acabó eso de que la administración de el contrato sin publicidad a la empresa que quiera mediante la fraccionamiento. Eso desaparecerá", desvela. Asimismo, deja claro que reduce los límites y, al tiempo, impide que se repitan con el mismo contratista durante un año. Alfonso Pérez Conesa añade que la ley crea el procedimiento abierto simplificado con publicidad, lo que implica que todo el proceso sea electrónico. Además, advierte de que no se podrá fragmentar lo que es una unidad, caso de los servicios de un abogado o una página web, y deja claro lo que es o no un modificado, cuya figura se restringe de manera sobresaliente. "A partir de ahora, no podrá pasar del 20% del valor de la obra y deberá deberse a circunstancias imprevisibles", manifiesta el magistrado. La normativa también impedirá todas las modificaciones que encubran una adjudicación nueva. "La ley no sólo lo prohíbe sino que permitirá su impugnación", revela y explica que esta estructura legal viene además a facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas a los contratos, puesto que éstos deberán dividirse en lotes. "Lo contrario deberá ser motivado", precisa.

Una de las características más importantes de la ley radica en la eliminación de la responsabilidad patrimonial del Estado en el caso de que el 'negocio' no resulte rentable. Desaparecen de esta manera las polémicas indemnizaciones de casos como las radiales de Madrid o el Castor. Por último, se ha creado una Plataforma de Contratación del Sector Público y todas las adjudicaciones tendrán que ser publicadas, una particularidad de gran importancia porque estrecha los márgenes para el fraude y el favoritismo. "Si unimos esta condición a la factura electrónica, el resultado será que la fecha de la oferta será fehaciente e indiscutible", manifiesta el magistrado. Esta cualidad supondrá una reducción del amiguismo.

La nueva Ley de Contratación de la Administración Pública supondrá una cierta reducción en la saturación de los Juzgados de lo Contencioso, que tienen una carga anual que ronda los 1.200 casos. Alfonso Pérez Conesa, destaca que la ampliación del ámbito del recurso especial, que hará que muchos de los casos sean resueltos por el Tribunal de Contratos, liberará los Juzgados de este tipo de recursos a partir de ahora.