Diario de León

El juez que pide la absolución es originario de Riaño

El magistrado cree que de los gestos, expresiones y sonidos que emite la víctima se desprende "excitación sexual"

Pintadas en contra de la sentencia de La Manada en las puertas de la Audiencia de Navarra, en Pamplona.

Pintadas en contra de la sentencia de La Manada en las puertas de la Audiencia de Navarra, en Pamplona.

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El juez Ricardo González, que en la sentencia de La Manada emitió un voto particular pidiendo la absolución de los cinco condenados, es originario de Riaño. Su familia tiene fuertes raíces en la localidad leonesa y tanto él como sus familiares mantienen lazos en el municipio y pasan los veranos en el pueblo.

Ricardo Gonzalez emitió un polémico voto particular dentro de una ya de por sí sentencia, que ha condenada a los cinco miembros de La Manada por abusos sexuales continuados y no por violación de una joven de 18 años durante los sanfermines de 2016.

Gonzále sostiene en la sentencia que los acusados deberían haber quedado absueltos de todos los cargos que pesaban contra ellos (agresión sexual, robo con violencia o intimidación y delito contra la intimidad), con la única excepción del hurto del teléfono.

En su voto particular de 236 páginas, el magistrado originario de Riaño discrepa del relato de hechos probados. A su juicio, las acusaciones no han aclarado "en qué forma ni con qué fuerza fue impulsada o compelida" la joven "a hacer lo que no quería". Además de apreciar "movimientos proactivos" de la víctima en algunas de las grabaciones, que describe como "interpretables", este juez argumenta que la declaración de la joven no cumple los requisitos para servir como "única o esencial prueba de cargo", ya que "ha incurrido en abundantes, graves y llamativas contradicciones". Finalmente, también critica la presión social en favor de una condena ejemplarizante: "La justicia paralela no es justicia", afirma.

González afirma en su escrito que en los vídeos grabados por los acusados sólo observa a cinco varones y una mujer practicando "actos sexuales en un ambiente de jolgorio y regocijo". En su voto particular, tras denunciar el "innegable, por notorio y evidente, juicio paralelo que desde el primer día ha tenido este proceso", el juez sostiene que la víctima "ha incurrido en tan abundantes, graves y llamativas contradicciones que las modificaciones introducidas en su relato durante el acto del juicio oral constituyen auténticas retractaciones".

Respecto al vídeo presentado en el juicio como prueba de cargo, el juez señala que el rostro de la joven muestra una "innegable expresión relajada, sin asomo de rigidez o tensión", lo que "impide sostener cualquier sentimiento de temor, asco, repugnancia, rechazo, negativa, desazón, incomodidad".

Las imágenes, asegura, son "ciertamente de contenido perturbador", pero no aprecia otra cosa que "una cruda y desinhibida relación sexual, mantenida entre cinco varones y una mujer, en un entorno sórdido, cutre e inhóspito y en la que ninguno de ellos (tampoco la mujer) muestra el más mínimo signo de pudor, ni ante la exhibición de su cuerpo o sus genitales, ni ante los movimientos, posturas y actitudes que van adoptando".

"No aprecio en ninguno de los vídeos y fotografías signo alguno de violencia, fuerza o brusquedad ejercida por parte de los varones sobre la mujer. No puedo interpretar en sus gestos, ni en sus palabras, en lo que me han resultado audibles, intención de burla, desprecio, humillación, mofa o jactancia de ninguna clase", asevera el juez. En este sentido, declara observar "una desinhibición total y explícitos actos sexuales en un ambiente de jolgorio y regocijo en todos ellos y, ciertamente, menor actividad y expresividad en la denunciante".

Se trata, agrega, de "imágenes de sexo explícito en las que no tiene cabida la afectividad, pero también sin visos de fuerza, imposición, conminación o violencia". Incluso, agrega, de los gestos, expresiones y sonidos que emite la joven se desprende "excitación sexual", aunque reconoce esto no supone necesariamente que la relación sexual sea consentida.

La escena, insiste el magistrado, "es de una innegable crudeza, tanto por el lugar en el que se desarrollan las relaciones como por la desigual suma de participantes (cinco hombres y una mujer), y el sexo que se expone en ellas es de una impudicia más que notable". Sin embargo, añade, "me resulta en conciencia imposible afirmar que lo que se está viendo sea una agresión sexual violenta o que la mujer actúe bajo la influencia de una intimidación que, por más que se pretenda por las acusaciones, no se manifiesta en modo alguno, como también que se encuentre en un estado de 'shock' de tal intensidad que la tenga paralizada o sometida". Tampoco admite que se diga que una joven de 18 años "no esté dotada de suficiente madurez personal como para decidir, con la necesaria autonomía, las relaciones sexuales que quiera mantener, por personalísimas razones que solo le incumben a ella, mucho menos en una sociedad como la actual, en la que los individuos, con independencia de su sexo, han alcanzado de hecho un considerable grado de libertad para autodeterminarse sexualmente".

La sentencia provocó una oleada de manifestaciones en todos el país. La repercusión de estas movilizaciones, a las que asistieron ayer miles de mujeres y hombres en toda España, ha obligado a pronunciarse a los políticos. El Gobierno anunció hoy que va a estudiar si la violación está bien tipificado en el Código Penal.

La organización Women's Link ha pedido hoy al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que sancione disciplinariamente al juez que emitió el voto particular en el caso de La Manada por los argumentos "discriminatorios y sexistas utilizados". En un comunicado, Women's Link ha anunciado que acude al CGPJ para pedir que se abra una acción disciplinaria contra el juez Ricardo González "dado la gravedad de la discriminación demostrada en el escrito del voto particular". "Esta actuación judicial está plagada de prejuicios y estereotipos de género", ha denunciado esta organización que defiende los derechos de las mujeres.

Women's Link ha mostrado su preocupación por que se esté respetando el principio de igualdad y de no discriminación en la impartición de justicia. "Queremos denunciar que este tipo de decisiones son injustas y que su contenido es discriminatorio y, por lo tanto, sancionable," ha declarado Elena Laporta, abogada de Women's Link.

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