"La mitad de la población que perderá España en los próximos años será de Castilla y León"

La lucha contra la despoblación es uno de los retos más importantes existentes en Castilla y León, ya que la mitad de la población que va a perder España será de la Comunidad Autónoma”. Así lo aseguró la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Virginia Barcones, que viajó hoy a León para reunirse con los alcaldes de la provincia para abordar la situación de los pequeños municipios en el contexto de la despoblación.

Virginia Barcones destacó que León es la tercera provincia que más población pierde, y advirtió que “si no hay una política que consiga paralizar este fenómeno de la despoblación, se perderán 54.000 habitantes”, al ser “la sexta provincia con peores previsiones de toda España”, según las proyecciones del INE hasta 2031. La socialista abogó por revertir estas políticas y asentar población, para lo que “el Partido Socialista tiene una alternativa tanto en Castilla y León como en el Gobierno de España”, porque para ellos “es una prioridad la lucha contra la despoblación”.

“Semanas atrás hemos estado profundamente preocupados por el decreto que regulaba las funciones de secretaría, intervención y tesorería de las pedanías”- insistió la socialista - “un decreto que reflejaba el desconocimiento y la lejanía con la que el Partido Popular ha venido gobernando en España”. Un decreto que creó “una terrible inseguridad” de las pedanías, “tras varios intentos del Partido Popular por acabar con ellas”, para lo que Barcones recordó la ley Montoro “que se consiguió pagar en el Senado y condicionarlo a la rendición de cuentas”, así como “el tema de los tesoreros y este Real Decreto que ha sido el último asalto”.

También en este tema “se abre un nuevo horizonte”, en el que la socialista aseguró que “se seguirá trabajando para que se derogue”, frente a un Partido Popular que “ha hecho dejación de funciones de defender a los vecinos y acaldes”.Virginia Barcones apeló directamente al presidente de la Diputación de León, Juan Martínez Majo, y se preguntó cómo “pudo serle suficiente la correspondencia con una secretaria de Estado”, cuando las pedanías “merecen mucha más seriedad” y le recordó que en este país “las normas se publican en el Boletín Oficial del Estado y sus interpretaciones también”.

“Los socialistas seguimos creyendo que ese decreto es injusto, que pone en una situación de inseguridad jurídica injustificada a las pedanías y que cualquier cosa que haya que hacer debe ser con el debido consenso, con sensatez y sin que peligre el gobierno de proximidad”.