Cuentas destaca el «alto grado de consecución de los objetivos»
La evolución de la deuda del consistorio de la capital leonesa tiene como instrumentos de tutela los dos documentos aprobados por el Ayuntamiento al amparo de los requerimientos estatales: el plan de ajuste, que fue el aval para entrar en los 185,3 millones de euros del pago a proveedores a través del ICO, y el plan de saneamiento, derivado de la liquidación con remanente de tesorería negativo del ejercicio 2011 y de la necesidad de dar cabida presupuestaria a los pagos pendientes de aplicación realizados sin consignación durante los 10 años anteriores. Ambas herramientas han sido analizadas por el Tribunal de Cuentas dentro de su informe a todos los ayuntamientos de entre 75.000 y 150.000 habitantes que tuvieron que aprobarlos. El informe recoge que el Ayuntamiento de León se encontraba a 31 de diciembre de 2016, fecha fijadas por la autoridad fiscalizadora, con un grado de ejecución de las medidas del 53,56%.
Esta cifra hizo que León se situara entre los doce ayuntamientos con mejor comportamiento de España en el grado de cumplimiento de sus planes, como reseñó el Tribunal de Cuentas en su informe, donde recalcaba que la administración municipal leonesa ofrecía a la fecha de fiscalización «una situación». El dictamen se apoyaba en el logro de unos ahorros de 25.925.000 de euros en los ingresos, con un grado de cumplimiento del 83,09%, y de 52.192.000 de euros en los gastos, lo que suponía un 45,52% sobre las medidas previstas. En total como se citaba en la tabla, 78.117.000 de euros ahorrados sobre los 145.859.000 de euros que se habían fijado en los planes.
Dentro de su análisis, el Tribunal de Cuentas hace un inciso para resaltar la sucesiva imputación al presupuesto del 99% de las operaciones pendientes de aplicar en el ejercicio 2012 y, por tanto, un alto grado de consecución de la finalidad del plan con anterioridad a la fecha de finalización de vigencia prevista». El juicio se ajusta a que en estos cuatro años la administración municipal logró encajar 75 millones de euros en las cuentas de las conocidas como ‘facturas en los cajones’, que no pudieron ser incluidas dentro del plan de pago a proveedores. El reconocimiento a este resultado choca con el apunte que realizó a principios de año la Subdirección General de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda, que afeó el modo de corregir el remanente de tesorería, aunque reconoció «la evolución positiva y la mejora de las magnitudes financieras».