El campo se rebela: anuncia movilizaciones ante las subdelegaciones del Gobierno por un reparto “justo” de la PAC y precios dignos

 La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) convoca movilizaciones ante todas las sedes de las subdelegaciones del Gobierno de la Comunidad para el mediodía del 14 de marzo, con el objetivo de exigir un reparto “justo” de la nueva PAC, que en estos momentos se encuentra en negociación, y precios dignos para sectores en los que sus activos perciben por los productos lo mismo que a finales del siglo XX.

El coordinador de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, señaló que esta serie de concentraciones se enmarca en una llamada de La Unión de Uniones, la marca nacional de la organización agraria, y que se celebrará en todas las provincias españolas de forma simultánea.

Actualmente, se trata de dos aspectos de “gran relevancia” para el sector primario nacional y regional, pues se estima que el documento de la nueva PAC, que se aplicará a partir de 2021, esté concluido a finales de este año o principios del siguiente, mientras que la crisis galopante de precios ha provocado reducciones de hasta un 21 por ciento en algunos cultivos en los últimos años.

Sobre la PAC, González Palacín destacó que “cada vez tiene más peso en la renta agraria” individual de los agricultores y ganaderos, de hasta un 30 por ciento. Vaticinó que “en el mejor de los casos” se reducirá el presupuesto para España un cinco por ciento, con alrededor de 5.000 millones de euros, un recorte que será del 15 por ciento para las ayudas de desarrollo rural.

“Se está repartiendo muy mal y de forma injusta”, sentenció. En este sentido, comparó los ejemplos de España y Francia. Mientras el país vecino cuenta con una partida global de algo más de 6.000 millones que distribuye entre 350.000 activos, “aquí se reparte entre más de 700.000, y eso que son cerca de mil millones de euros menos”.

Por ello, para “solucionarlo”, explicó, UCCL propone “ayudas específicas” para los Agricultores a Título Principal (ATP), al igual que va a suceder para los jóvenes. En este punto reside el conflicto, pues es necesario acordar una definición de agricultor “genuino” para establecer unos porcentajes de rentas. Bruselas ha informado de que “no cobrarán los que tengan ingresos de la agricultura insignificantes”, una inconcreción que hasta ahora “no ha quedado clara”, según González Palacín.

Al respecto, UCCL plantea que sólo perciba fondos quien demuestre que al menos un 25 por ciento de la renta agraria procede de su actividad. “Aquellos a los que la agricultura y ganadería les supongan menos ingresos de ese porcentaje, no tendrían derecho a cobro”, exigió. Este límite dejaría fuera en Castilla y León al 45 por ciento de todos los perceptores actuales, mientras que en España se elevaría al 64 por ciento.

Además, a los que se sitúen en un intervalo de entre el 25 y 50 por ciento, es decir, “pluriactivos”, no se les dejaría “de lado para las ayudas, pero no podrían percibir lo mismo que los ATP, que son los que superan la mitad”. De hecho, aconsejó que una quinta parte del presupuesto de la PAC se dirija íntegramente a los propios ATP. “Pero es que ni la Junta, que podría negociar la definición a nivel regional, ni el Gobierno, que lo ha aplazado sine die, quieren hablar del porcentaje”, señaló.

Coste político

González Palacín pidió ser valientes a las administraciones para establecer estas medidas que, reconoció, “políticamente cuestan, porque algunos les aplaudirán, pero otros se acordarán de ellos para toda la vida”, ironizó. Sin embargo, prosiguió, son acciones “imprescindibles” para mantener el sector “vivo”. “Si no se da este paso, seguiremos perdiendo explotaciones de ovino a un ritmo de un 10 por ciento anual y también otros sectores. La mayor parte pasará a ser pluriactivo, y más tarde, desaparecerá”, alertó.

Por último, reclamó al Gobierno central una “representatividad justa” en las mesas de negociación en base a los resultados de las elecciones del campo de las comunidades en las que se han celebrado, como es el caso de Castilla y León y otras tres regiones. “Mientras no convoquen un proceso nacional, al menos que se basen en los autonómicos”, sostuvo. Estas cuatro comunidades representan el 34 por ciento del censo agrario y ganadero de España, por lo que abogó por utilizar estos datos en el Consejo Estatal mientras no se desarrollo reglamentariamente la ley aprobada por el exministro de Agricultura Miguel Arias Cañete.

Precios de hace tres décadas

Por su parte, el coordinador general de UCCL Zamora, Enrique Cortés, se refirió a las crisis de precios, otro de los motivos por las que se han convocado movilizaciones el 14 de marzo. En el cereal, deslizó, los precios en Castilla y León “son los mismos que hace tres décadas”, mientras que en la leche de ovino, en los últimos cuatro años, ha caído un 18 por ciento en España y un 21 en la Comunidad. Y en el vacuno, ha bajado en el mismo periodo un 11 y 10 por ciento, respectivamente. “Los precios marcan la rentabilidad de las explotaciones. Por eso hay que exigir precios dignos”, exigió Cortés, quien pidió que se fijen los costes de producción como base para la la suscripción de contratos, con los precios actualizados.

Igualmente, el presidente de la organización provincial, Antonio Rodríguez, desarrolló el encarecimiento de los insumos, como es el caso del gasóil, que tras el “pequeño respiro” de finales de 2018, en lo que va de este ejercicio se ha disparado un 20 por ciento y las expectativas “son de seguir aumentando”. “Lo habréis notado todos cuando acudías a la gasolinera”, declaró.

El combustible es el coste más caro, al que se suma el de los fertilizantes, también ligado al precio del petróleo, y los fitosanitarios, “todos por encima de 2018”. Citó también la energía, que afecta principalmente a los regadíos, “que utilizan luz tres meses con una potencia muy alta que pagan todo el año”, y las cabañas ganaderas.