Una nueva ley educativa menos segregadora para 59.450 alumnos leoneses

La octava ley educativa de la democracia española dio ayer un paso más tras se aprobada por el Consejo de Ministros. Una ley que afectará en León a 59.448 estudiantes, desde Infantil a Bachillerato y pasando por todas las enseñanzas del régimen general. La Lomloe —Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica Educativa (LOE)— superó su primer trámite tras un año a las puertas del Congreso, después de que Pedro Sánchez tuviera que disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones.

No hay cambios del planteamiento de 2019 y ayer la ministra, Isabel Celaá, remarcó la «enseñanza personalizada es el corazón» de la nueva ley, que tiene entre sus principales objetivos evitar la «segregación del alumnado por razones socioeconómicas o de cualquier otra naturaleza», por lo que eliminará los itinerarios en Secundaria que trazó la Lomce del ministro popular José Ignacio Wert, buscando un equilibro entre los colegios públicos y los concertados en cuanto a la presencia de alumnos extranjeros y de hijos de familias desfavorecidas a fin de que no existan los colegios gueto. «Es la primera pieza de todo un proyecto educativo que va a tener un gran impacto transformador en el sistema educativo español, que se fundamenta en la excelencia y en la equidad», resumió Celaá para añadir: «Nadie puede quedar atrás, porque un país necesita el talento de todos».

La Lomloe pretende garantizar a estudiantes, profesorado y centros un modelo inclusivo y moderno sin itinerarios segregadores ni reválidas. Así, según remarcan desde el ministerio se eliminan los itinerarios de cuarto de la ESO, de forma que cualquier opción conduce al mismo título de graduado en secundaria. La norma permitirá acceder de forma excepcional al título de Bachillerato con un solo suspenso y de forma excepcional se prevé la posibilidad de que, cuando el claustro valore que se han obtenido los objetivos del ciclo, se obtenga el título de Bachillerato por compensación en caso de superar todas las materias salvo una.

Con la Ley Celaá, si un estudiante tiene que repetir, esta decisión debe ser tomada colegiadamente por todo el equipo docente. Uno de sus objetivos es reducir de forma considerable el alto número de repetidores entre los alumnos españoles (la cifra, sobre el 28%, triplica la media de la OCDE) y la ministra rechaza la palabra «repetidor» que en la nueva ley quiere sustituir este término por el eufemismo «permanecer en el mismo curso».

Otro de los caballos de batalla ha sido la asignatura de Religión, que ahora, aunque su oferta será obligatoria en todos los centros, será de elección voluntaria, y se elimina la obligación para los que no eligen religión de cursar otra asignatura alternativa. La calificación de la religión no se tendrá en cuenta en el cálculo de la nota media. Eso sí, todos los alumnos cursarán una materia de educación en valores cívicos y éticos. La digitalización es otro de los ejes fundamentales de la ley y según avanzó la ministra Celaá el Gobierno propone incrementar progresivamente la inversión hasta alcanzar el 5% del PIB en 2025. Incrementa la autonomía de los centros y la participación de toda la comunidad educativa, apuesta por la actualización del currículo, haciéndolo más flexible y competencial, dejando a un lado los contenidos enciclopédicos y memorísticos.