Del Castillo se siente arropada y la oposición pide la retirada de la Loce

Los sindicatos cifraron en un 90% la participación de los alumnos y un 80% la de los profesores y cifran en 175.000 los manifestantes en la calle. En lo que se refiere al seguimiento medio de la huelga por parte del alumnado de centros públicos, la ministra no dio datos y dijo que «es de imaginar que la participación del alumnado tiene que tener relación con el porcentaje de los profesores que no han asistido a clase». Señaló que estos datos muestran «cómo la gran mayoría del profesorado está sustantivamente, en los ejes fundamentales, de acuerdo con la Loce». Son cifras «inequívocas de que esto es así», afirmó la ministra, quien hizo un llamamiento para que «todos los sectores que no constituyen esta mayoría y que no han querido debatir desde el inicio esta reforma, realicen un reconsideración de su posición de confrontación radical y desarrollen una actitud reflexiva y serena». En ningún momento hizo referencia a la participación de miles de personas manifestaciones de protesta contra la LOCE en 50 ciudades españolas. El portavoz parlamentario del PSOE, Jesús Caldera, manifestó, tras su participación en la movilización de Madrid en contra del proyecto del Gobierno, la necesidad de realizar una reforma del sistema educativo. El portavoz de CiU, Xavier Trias, subrayó que es «evidente que ha habido una movilización importante» en contra de la Loce. El portavoz de IU en el Congreso, Felipe Alcaraz, aseguró que con las movilizaciones de la comunidad educativa ha demostrado que rechaza la ley y que «está dispuesta a luchar para que se retire». Madrid, Cataluña y Andalucía serían las comunidades con mayor respaldo al paro, cercano al 100%. En concreto, en Madrid miles de personas -15.000 según la Delegación del Gobierno y 100.000 según los organizadores- participaron en la marcha. La participación también fue elevada en Santiago de Compostela (15.000 según los organizadores y 7.000 según la policía) y en Barcelona -10.000 según la Guardia Urbana y 50.000 según los organizadores). Los sindicatos acusan al Gobierno de generar confusión al incluir a los centros concertados en los datos.