El Supremo analiza los recursos del cártel de camiones para fijar si se produjeron sobreprecios
La decisión determinará la compensación de daños a los afectados
El Tribunal Supremo celebró ayer la segunda y última vista de los de recursos presentados por los fabricantes de camiones para analizar la posible compensación de daños a los afectados por el denominado cártel de camiones. La Audiencia Provincial de León ratificó en septiembre de 2022 la sentencia que en octubre de 2019 dictó el Juzgado de lo Mercantil de León, con lo que confirmaba la condena de dos de los fabricantes implicados (Volvo y Daf) a indemnizar a un transportista por el sobreprecio en la adquisición de tres camiones pesados, según el caso llevado por Asesores Jurídicos Muñiz Bernuy, entre otros casos relacionados con el cártel.
Ahora corresponde al Supremo fijar los sobreprecios que pagaron las empresas de transporte por el pacto de precios. La sala de lo civil del alto tribunal vio ayer la declaración de los representantes legales de CNH, Fiat-Chrysler e Iveco, después de que el miércoles hicieran lo propio las alegaciones de Daimler-Mercedes, Volvo-Renault y MAN.
Los fabricantes pactaron precios entre 1997 y 2011 y se repartieron la cuota de mercado en Europa, y los afectados se cuentan por miles, en una operativa que se prolongó durante esos 14 años; a todas ellas, la Comisión Europea les impuso una multa de más de 3.600 millones de euros.
La resolución del expediente estimó la infracción de las normas de competencia de la UE mediante la adopción de acuerdos de intercambio de información, y fue el origen de que un elevado número de afectados iniciará procedimientos de reclamación de los perjuicios derivados del sobrecoste soportado por los compradores por las conductas ilícitas.
La letrada de CNH destacó, según señala Efe, que «no todo ilícito genera un daño», y aseguróque el intercambio de información sobre precios brutos no genera daño automáticamente. En el mismo sentido se manifestaron los abogados de otros fabricantes, que recordaron que las «miles de demandas» se han resuelto en los tribunales españoles de forma «cuestionable, con interpretaciones jurídicas que son discutibles y en las que se aprecia un sesgo».