Los funcionarios toman el relevo a la minería en la conflictividad laboral

Si hasta no hace tanto fueron los mineros y antes la construcción, junto con las protestas de un ámbito industrial reducido pero bien organizado sindicalmente, en los últimos meses son los empleados públicos los que han tomado el protagonismo de la conflictividad laboral . En León y en el conjunto del país. Las protestas en sanidad, justicia, educación y otros servicios públicos (la Inspección de Trabajo, por ejemplo) aglutinan la mayor parte de las jornadas y las horas perdidas por protestas laborales. Y se han disparado en lo que va de este año.

El cambio de modelo productivo se hace evidente también en unas protestas por las condiciones y laborales que en el sector comercial han pasado de las fábricas a las tiendas. No ha sido tradicionalmente el comercio núcleo de movilizaciones en demanda de mejoras, pero la expansión de las cadenas de distribución ha multiplicado el número de trabajadores, y con ellos la organización sindicales y reivindicativa.

La industria , en sus diferentes ramas, sigue contando con una fuerte representación en los convenios colectivos de la provincia, aunque los conflictos de mayor repercusión en los últimos ejercicios tienen que ver más con la deslocalización de grandes proyectos que con la negociación de mejoras para un sector cuya presencia en la productividad local, por más que demandada, sigue cediendo terreno ante la terciarización de la economía leonesa. Los servicios mandan, pero en muchos casos lo hacen ya de forma más reivindicativa y organizada.

Las últimas amenazas de huelga por ejemplo de la limpieza en vísperas de las fiestas (ya lo hicieron antes con la Semana Santa) y la cumbre europea, o del comercio al inicio de las ventas de Navidad, la temporada más fuerte de ingresos del sector, marcan un claro cambio de rumbo en las reivindicaciones y la presión de la conflictividad laboral de una provincia en la que las huelgas y paros han sido históricamente (desde el inicio de los años 60 en plena dictadura) nudo del avance de los derechos y salarios de los trabajadores.

Las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Economía Social no son especialmente clarificadoras a la hora de diseccionar las cifras de la conflictividad social a nivel provincial. Sí dejan claro que en los primeros cinco meses de este año el número de jornadas no trabajadas con motivo de las huelgas se ha disparado un 30%: de las poco más de 600 entre enero y mayo de 2022 a las más de 900 del mismo período del actual ejercicio. Si a ello se sumaran las horas perdidas por paros y protestas, que no aparecen, el resultado de pérdida de actividad por la conflictividad laboral sería mucho más abultado.

Curiosamente los datos sobre el número de trabajadores en huelga se ha reducido significativamente en este período, que ha estado marcado por las protestas de los mismos sectores de la administración pública: sanidad, servicios sociales, secretarios judiciales y funcionarios de los juzgados (en ello siguen estos colectivos), médicos y otros colectivos sanitarios (que también mantienen sus protestas) y los trabajadores de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. A los que se suman las protestas permanentes del colectivo educativo.

El caso es que las estadísticas generales señalan que el tiempo no trabajado se duplicó en los primeros meses del año respecto al ejercicio anterior. Si en el caso de la sanidad y la educación la protesta tiene mucho que ver con las consecuencias de los recortes arrastrados desde la crisis financiera, y lastrados drásticamente en el primero de los sectores por la pandemia; lo cierto es que en la mayoría de los conflictos la causa de las protestas y paros tiene que ver con la negociación del convenio colectivo.

Pérdida de renta

La pérdida de renta de los trabajadores, tanto públicos como del sector privado, acumula los retrocesos vividos primero con motivo de la crisis financiera, más tarde por los efectos del parón económico de la pandemia y en el último año (y pico) por una escalada que no se recordaba de la inflación, que no se ha acompañado por un aumento salarial para evitar unos ‘efectos de segunda ronda’ y daños en las cuentas de las empresas que al final se han saldado prácticamente con una contención de los sueldos que se ha visto atropellada por un aumento disparado de los precios.

Y es precisamente la pelea por la actualización salarial y para paliar en lo posible la pérdida de poder adquisitivo El caso es que el año ha arrancado con un importante aumento de las horas de trabajo perdidas por la conflictividad laboral, sobre todo en el sector público. En León los datos de jornadas perdidas por huelgas también se han disparado, aunque el número de trabajadores implicados en las huelgas (a las que habría que sumar los paros) suele dispararse en la segunda mitad del año. Sin los efectos de la pandemia, fueron poco más de mil el año pasado, nueve veces menos que el año anterior. En esas cifras muy oscilantes se ha movido la conflictividad desde los años de bonanza que precedieron a la gran crisis financiera desde 2008. No tanto antes las grandes huelgas mineras de 2002 elevaron el número de trabajadores al máximo de los registrados: casi 463.00 repartidos entre las diferentes movilizaciones. Fue un año especialmente difícil. La minería marcó un nuevo pico en 2018, cuando la batalla del carbón estaba ya perdida.

Hoy son los funcionarios, junto con un sector servicios marcado por la precariedad, los que marcan la nueva era de la conflictividad social.