El juzgado investiga si ha habido malversación en la Escuela de Minas de León

Todo comenzó con una sospecha que llevó a personal de la Universidad de León a solicitar una auditoría externa que analizase la gestión de la Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas de la institución académica tras detectar varias irregularidades en la gestión durante ocho años. Una vez que la asesoría concluyó su informe, se elevó al Rectorado y a la Secretaría General que, tras analizar el documento se puso en conocimiento de la Fiscalía, quien le dio paso al Juzgado, donde se han abierto las diligencias previas para esclarecer el caso que actualmente está en proceso.

Fue antes de Semana Santa cuando se puso en conocimiento del órgano de gobierno de la Universidad de León el resultado del informe, que dejaba entrever un posible delito de malversación aprovechando los cursos de adaptación al grado de los ingenieros técnicos . Durante los años en los que estuvieron vigentes estos convenios, la escuela gestionó más de 4,4 millones de euros, y a pesar de que algunos gastos sí fueron justificados se desconoce el destino de un importe que iría de los 100.000 a los 200.000 euros y la investigación se centra en parte del equipo directivo de la escuela de Minas  durante ocho años, casi desde principios de la década pasada.

Los cursos de adaptación al grado se implantaron para que los antiguos diplomados pudieran ampliar su formación e igualarla a los niveles de exigencia europea tras la implantación del plan Bolonia y poco a poco su oferta se fue reduciendo hasta suprimirse hace tan sólo unos años. Uno de los títulos de la escuela de Minas fue el de ingeniero técnico de Topografía que, tras el curso de adaptación al grado, permitía al estudiante graduarse en Ingeniería Geomática y Topografía .

Diligencias previas

Los hechos se investigan ahora en el Juzgado de Instrucción número 5 de León después de que la Fiscalía decidiera actuar de oficio tras conocer los hechos de mano de la institución académica. Bajo el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, que reguló los cursos de adaptación al grado que impartieron las universidades españolas, la Universidad de León desarrolló sus propias pautas en las que se concretaba que las escuelas y facultades podría «promover la firma de Convenios Específicos con otras instituciones u organismos para la impartición del curso de adaptación».

Según los indicios extraídos del documento realizado por la asesoría externa solicitada por el personal de la Universidad de León la malversación podría centrarse en que los ingresos recibidos por los cursos de adaptación al grado no llegaban a su fin último o el material y los equipos que en principio beneficiarían las instalaciones educativas.

La Universidad de León recurrió a las posibilidades que ofrece la Administración General del Estado que ofrece una tarifa plana a instituciones del sector público estatal como la Universidad para que puedan hacer frente a los pleitos. Así, la asesoría jurídica de la Universidad de León fue la encargada de poner en conocimiento de la Fiscalía los hechos que ahora se encuentran en la fase de diligencias previas para determinar si realmente hubo malversación.