La gestión de Minas investigada alega que usó el mismo convenio que otras facultades

«Nos acusan de manipular para firmar un convenio especial, pero es el mismo que emplearon el resto de las escuelas y facultades», asegura el responsable de la Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas de la Universidad de León acusado de malversar fondos durante los años en los que el centro académico impartió los cursos de adaptación al grado. Además, señala que los hechos que ahora se están investigando por el Juzgado número 5 de León se basan en un convenio que fue «ratificado por la asesoría jurídica y por el consejo de gobierno de la Universidad y por la Consejería de Educación». «Fuimos muy escrupulosos», añade, para negar los hechos e incidir en que todo se hizo cumpliendo las reglas. El martes están llamados a declarar los acusados en este proceso, miembros del equipo de gobierno de la escuela de Minas desde 2011 a 2019 y un profesor.

El proceso se inició tras la solicitud de un informe externo después de que la persona que lo encargó detectase presuntas irregularidades en la gestión del centro universitario . Ese informe fue remitido al Rectorado que dio traslado a la Fiscalía quien, a su vez, lo elevó al juzgado donde se iniciaron las diligencias previas.

Será este martes cuando se tome declaración a los cuatro encausados. «Nos acusan de que hay firmas irregulares para apropiarnos de fondos», señala uno de los investigados. Los hechos están vinculados a la impartición de los cursos de adaptación al grado que se pusieron en marcha con la implantación del plan Bolonia para que los titulados por el anterior sistema —diplomados e ingenieros técnicos— pudieran adaptar si titulación al nuevo modelo educativo y conseguir el grado cursando créditos a mayores.

En el proceso se implicó a los colegios profesionales, en muchas facultades y escuelas a través de convenios en los que se especificaba que el decano del colegio era el gestor educativo y el del colegio profesional el administrativo.

El investigado precisa que lo recaudado por los cursos iba directamente a una cuenta a nombre del colegio profesional, que después era el encargado de pagar a los profesores que impartían las clases y que reportaba a una cuenta de la Universidad la parte proporcional correspondiente según el acuerdo. «En el convenio estaba recogido que si había un remanente el colegio profesional lo destinaría a mejoras o equipos para la escuela», señala el investigado por presunta malversación de los fondos, quien incide en que justamente este proceso coincidió con el traslado de la escuela de Minas desde su antigua sede en la zona de La Corredera al Campus de Vegazana. «El colegio fue muy escrupuloso e incluso se hizo una cuenta mancomunada para que cualquier gasto que se hiciera se necesitase la firma de varias personas, no sólo la del director de la escuela, y no hubiera trasvase de fondos en ningún caso», precisa el responsable de la gestión del centro durante esos años, quien añade que, además, todos los años «al finalizar el curso académico, se enviaba la memoria académica al Rectorado».

Por los cursos de adaptación al grado pasaron durante esos casi ocho años más de 1.600 alumnos sólo en la Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas de la Universidad de León, con un precio medio de dos mil euros.