La nueva ministra abre la puerta al traspaso de 29.600 mutualistas leoneses a la sanidad pública
La nueva ministra defiende sacar a los funcionarios de las mutuas de prestación sanitaria privada de forma «paulatina»
Sala de espera de un centro de salud. FERNANDO OTERO
El modelo Muface hace aguas tras 48 años de vida. Si su situación financiera ya se encuentra debilitada por la falta de dotación presupuestaria, la llegada de Mónica García al Gobierno como ministra de Sanidad genera dudas al sector, convencido de que «Muface no va a tener recorrido con Sumar en Sanidad», aseguran.
Fuentes del sector privado agregan que «su programa deja muy claro que todos los ciudadanos tienen que tener el mismo sistema sanitario público sin privilegios de los funcionarios. El concierto está destinado a extinguirse».
Esa situación afectaría en León a casi 29.600 mutualistas, 18.155 adscritos a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), 10.226 al Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas) y 1.196 a la Mutualidad General Judicial (Mugeju), según los datos de Sacyl.
Sumar proponía en su programa electoral para las Elecciones Generales del 23 de julio sacar a los funcionarios de esas tres mutuas de prestación sanitaria privada de forma «paulatina» y su «inclusión, dentro de la cobertura sanitaria universal». Textualmente indicaba que «integraremos a dicha población, de forma paulatina, escalonada y programada, bajo la prestación sanitaria del sistema sanitario público. Asimismo, se eliminará la posibilidad de que las entidades locales realicen aseguramientos privados colectivos para sus empleados públicos».
Además, el primer partido en incluir en su programa electoral la disolución de Muface fue Más País, formación de la actual responsable de Sanidad, Mónica García.
De esta forma, y pese a que el pacto de Gobierno entre PSOE y Sumar no incluye objetivos en cuanto al modelo de mutualidades, el partido de Yolanda Díaz ya remarcó en octubre que su idea es «una extinción progresiva y paulatina de Muface, con un proceso de transición». De modo que la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, que atiende tras casi cinco décadas a 7.882 hombres y 10.273 mujeres en León (junto con los 6.755 varones y 3.471 féminas de Isfas y los 434 usuarios y 762 usuarias de Mugeju), podría generar un aluvión de nuevos pacientes a los hospitales y centros de salud públicos de la provincia.
En el conjunto de España, los titulares y beneficarios de estas mutuas rondan los dos millones de personas, según datos del Ministerio de Hacienda. Para atender las prestaciones sanitarias de Muface, el Gobierno aprobó una partida de 3.571 millones de euros para el periodo comprendido entre 2022 y 2025, el mayor contrato de la Administración, repartido de la siguiente forma: 1.064.945 (2022), 1.170.361 (2023), 1.187.357 (2024) y 99.069.332 (2025). Esta aportación del Estado supone el 76,73% de la financiación de Muface. Otro 18,57% restante llega de las cotizaciones de mutualistas (con una cuota mensual según el grupo/subgrupo funcionarial al que pertenezca que oscila entre 51,68 y 21,07 euros), el 3,51% de subvenciones del Estado y el 0,25% de otros ingresos.
Si el Estado no renueva el concierto en 2025 o se disuelve el modelo mutualista, el sector opina que se debería «compensar» a aquellos funcionarios que han estado dentro de este modelo «pagando por él durante muchos años» cuotas que oscilan entre los 21 y los 51 euros.
También la Fundación Idis opina tras el nombramiento de Mónica García que «actualmente la sanidad privada tiene un papel esencial en el sostenimiento del sistema de salud en términos de liberalización de recursos y complementación de servicios», por lo que habría que apostar por «aunar» el trabajo de la sanidad pública y privada «a través de la creación de un sistema sanitario único y colaborativo». De hecho, Sacyl se ha apoyado en los hospitales privados en León para reducir las listas de espera quirúrgicas y se calcula que los mutualistas ahorran 13 millones al SNS.
