La Cámara de la Propiedad planta cara al alcalde y rechaza el tarifazo del agua

La Cámara de la Propiedad de León mostró hoy su rechazo a la subida del ocho por ciento prevista en el servicio de agua y alcantarillado en la capital. “Una vez más, el Ayuntamiento parece ser permisivo con la solicitud de la mercantil Aguas de León para incrementar el precio de las tarifas del agua, cuya materialización ha sido favorecida por el nuevo concepto legal para la prestación de este servicio: prestación patrimonial pública no contributiva”, señalan en un comunicado.

“Las subidas de tarifas, a la que nos oponemos y que ya no son tasas, no requieren justificación y pueden incrementarse, como en este caso, de forma que consideramos abusiva, injustificada y no acorde con las medidas que se llevan a cabo desde otras administraciones, incluido Gobierno de España, para contener la inflación y la subida de precios”, argumentan antes de señalar que una mera propuesta aprobada por el Consejo de Administración de Aguas de León se va a usar como base para esta subida.

Recuerdan que incrementos anteriores de las tasas ya se han considerado ilegales por los tribunales de justicia a iniciativa de esta Cámara y anuladas por falta de justificación suficiente, concepto que, entienden, debería presidir cualquier incremento de tarifas , aunque se haya cambiado su concepción legal.

La Cámara insiste en que las administraciones no deben incrementar aún más la presión fiscal y no fiscal sobre el ciudadano y considera que oponerse a ello con todos los medios legales a su alcance. Es más, señalan, los ciudadanos de León nunca han sido compensados por esas subidas declaradas ilegales y que se aplicaron en los recibos que todos pagamos, “lo cual no deja de suponer un enriquecimiento injusto para la entidad gestora e, indirectamente, también para el Ayuntamiento”.

“Hemos asistido en estos últimos años a un incremento generalizado de los precios de energía eléctrica, gasóleo, gas natural y alimentación a la que no debe sumarse el Ayuntamiento sin justificar adecuadamente esa necesidad, y más tratándose de un bien considerado de primera necesidad”, recalcan.

Señalan también que el precio que se cobra a los ciudadanos debería cubrir el coste del servicio y no servir de lucro a la empresa privada asociada al Ayuntamiento, es decir, a un particular, y al propio Ayuntamiento. “Año tras año se presentan beneficios, a pesar de que con la recaudación se está haciendo frente a la devolución por el Ayuntamiento de 25 millones a la mercantil a razón de un millón de euros anuales, importe que nunca se destinó a la mejora del servicio sino a sufragar gastos generales municipales, ajenos al objeto de la recaudación y que está sirviendo para incrementar artificialmente los ingresos de la mercantil que gestiona el servicio”, concluyen.