El alcalde de León maniobra para acaparar poder ante la inestabilidad de su gobierno

El gobierno más corto de la historia en el Ayuntamiento de León ha encontrado un camino para revertir su minoría. La inestabilidad en la que queda con sólo 11 concejales, dentro de un arco parlamentario de 27 miembros en el que se necesitan 14 votos para la mayoría, la intentará enmendar el alcalde, José Antonio Diez , con la petición para que León sea declarado «Municipio de Gran Población». El título cambiaría por completo el régimen competencial. Al estilo de los parlamentos autonómicos o nacionales, en los que hay un poder ejecutivo y uno legislativo y de control, las competencias administrativas que ahora dependen del Pleno pasarían a la Junta de Gobierno Local, donde tan sólo están los miembros del PSOE.

La maniobra, justo cuando se ha abierto brecha con UPL , liberaría a Diez de tener que concitar el acuerdo de otros grupos para proyectos polémicos que quedaron trabados en el pasado mandato, como la reforma de la plaza de San Marcelo a cambio de sacar una nueva concesión administrativa después de 50 años, o que se anuncian enconados en los próximos meses, como la intención de volver a sacar a contratación el servicio de autobús urbano en lugar de municipalizarlo, como le exige UPL. Todo dependería de la Junta de Gobierno, que vampiriza de esta manera la mayoría de las competencias que ahora dependen del Pleno, donde el PSOE se halla en minoría frente a PP, UPL y Vox.

La apelación al título de Gran Ciudad se sustenta en el articulado de la Ley de Grandes Ciudades o de Medidas para la Modernización del Gobierno Local (LMMGL) de 2003. El texto, creado para municipios de más de 250.000 habitantes y capitales de provincia de más de 175.000, abre otra puerta para las capitales de provincia a secas, sin influir su censo. Esta condición daría pábulo a Diez para que el Pleno quedara con las competencias de aprobación del presupuesto, la plantilla y las ordenanzas municipales —cuyos proyectos previos dependerán en todo caso de la Junta de Gobierno—, pero perdería las funciones decisorias propias. Como consecuencia, la actividad del órgano plenario se dedicaría al control aparente de la Junta de Gobierno, además del debate de las mociones que se presenten.

El modelo avanzaría en la «parlamentarización» del Ayuntamiento. El Pleno pasaría a considerarse como las Cortes autonómicas, mientras que la nueva Junta de Gobierno Local, sólo formada por el PSOE, emularía a la Junta como órgano ejecutivo.

La libertad de movimientos depende de que Diez logre los apoyos necesarios. Le valdría con el voto o la abstención del PP, que ya sustentó en su día, a cambio de contar con más miembros en su personal de confianza, la delegación de parte de las funciones del Pleno en favor de la Junta de Gobierno. Al regidor del PSOE le valdría también la UPL , que ayer dio el visto bueno en la comisión informativa de Hacienda y Régimen Interior, pero que se reserva el voto para la sesión plenaria en la que deberá decidir si mantiene su postura de no vaciar el órgano plenario de competencias, como defendió cuando los populares se plegaron a principio de mandato, o cambia de parecer.

Como última opción, a los socialistas les serviría incluso el respaldo de Vox, que ayer se abstuvo y que, ante la ausencia de la popular Margarita Torres en los últimos plenos por estar de baja, permitiría sumar 13 votos en cada bando y que primara el de calidad del alcalde.

La argucia de Diez se argumentó como un modo de seguir la trayectoria de otras ciudades del entorno, como Valladolid o Burgos, según reseñaron desde el PSOE en la comisión de Hacienda y Régimen Interior, en la que se expuso como ventaja también que las Grandes Ciudades pueden optar a más ingresos tributarios indirectos generados en su territorio.. El asunto salió adelante tras incluirse en el orden del día por urgencia, aunque todavía deberá ratificarse en el Pleno de la próxima semana. No prospera si se rechaza en esta sesión, dado que la normativa establece que la solicitud debe cursarse ante la Junta como muy tarde seis meses después de la constitución de la corporación, que se estrenó el 7 de julio.