La Junta aporta 18,5 M€ a la ULE para funcionamiento y personal
La Universidad de León contará con cerca de 18,5 millones de euros para cubrir los gastos del primer trimestre del año, importe que fue aprobado ayer en el Consejo de Gobierno de la Junta. Un partida que está enmarcada en los 112,6 millones de euros que destina la Administración autonómica a las cuatro universidades públicas —además de León, Burgos, Salamanca y Valladolid— y a través de la cual las cuatro instituciones académicas harán frente a los gastos de funcionamiento y de personal durante los meses de enero, febrero y marzo de este año. En 2023, la Consejería de Educación destinó 446,5 millones de euros, un 6,6% más que en el año anterior.
Desde la Junta de Castilla y León precisaron ayer que se continúa así con la inversión en las universidades públicas «para que estas contribuyan a la modernización de la sociedad y a la retención de talento en la Comunidad». De esta cantidad, 12.361.082 euros corresponden a la Universidad de Burgos, 18.485.000 a la Universidad de León, 40.937.370 a la Universidad de Salamanca y 40.833.046 euros a la Universidad de Valladolid. Estas aportaciones «ayudan a que las universidades alcancen tres grandes retos: reforzar la excelencia en la formación de los estudiantes mediante una enseñanza más personalizada que permita avanzar en la mejora de su rendimiento académico, fomentar y afianzar una investigación científica de calidad y aumentar la transferencia de conocimientos desde las universidades hacia la sociedad y las empresas para contribuir al crecimiento económico y a la creación de empleo de calidad en Castilla y León», precisan fuentes autonómicas.
Por su parte, la consejera de Educación, Rocío Lucas, exigió ayer al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades la financiación necesaria para desarrollar la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (Losu), ya en vigor. Así lo reivindicó en la Conferencia General de Política Universitaria celebrada ayer. Lucas recordó que el anterior Ministerio de Universidades se comprometió con las comunidades autónomas a financiar la nueva ley en los plazos previstos, «pues de otra forma sería imposible aplicarla en su totalidad». Ante las dificultades de las autonomías para ejecutar algunas de las exigencias de la nueva ley para el próximo curso, el ministerio anunció ayer la constitución de un grupo de trabajo que aborde un nuevo calendario de aplicación de la ley.