El Procurador insta a «intensificar» el control de las casas rurales fraudulentas
Una resolución pide a la Junta que tramite «puntualmente» los expedientes sancionadores
El Procurador del Común reclama a la consejería más control sobre los alojamientos rurales. JESÚS F. SALVADORES
Intensificar las actuaciones dirigidas a eliminar los establecimientos de alojamiento turístico rural que operan de forma ilegal; incidir en la comprobación de la exactitud de las declaraciones responsables presentadas por los titulares de los establecimientos; supervisar las casas y sus actividades y cumplir la «puntual tramitación de los procedimientos sancionadores incoados» son las recomendaciones que el Procurador del Común indica en una resolución tras estudiar el control que se realiza actualmente sobre los establecimientos rurales.
El procurador inició una actuación de oficio ante la denuncia de las asociaciones del sector sobre «la existencia de una competencia desleal por parte de quienes ofrecen servicios de alojamiento sin ajustarse a la normativa vigente», lo cual, señala el informe, «no sólo perjudica a quienes ejercen su actividad conforme a la normativa sino también a la imagen y calidad del turismo rural» en la Comunidad.
Para su informe la institución autonómica con sede en León requirió a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte información sobre las medidas de control de la normativa, para «perseguir, bien de oficio o bien previa denuncia, las actividades que se realizan de forma clandestina en este ámbito». También los expedientes sancionadores sobre las infracciones cometidas.
En un informe de diciembre, la consejería hace hincapié en al comprobación de las declaraciones responsables que presentan las casas rurales, y alude al programa de medidas contra el intrusismo y la actividad clandestina en el sector turístico.
Turismo señala que en 2022 se llevaron a cabo en Castilla y León 399 inspecciones y se incoaron 10 expedientes sancionadores, con multas entre los 60 y los 3.500 euros. En 2023 (hasta octubre) «el número de inspecciones diminuyó considerablemente», y se limitaron a 137. A falta de los dos últimos meses del año. Se sancionó a 14 establecimientos.
El Procurador del Común recuerda en su resolución que el turismo rural «beneficia al pequeño comercio, a algunos servicios y a la economía de proximidad. En definitiva, promueve el desarrollo de los entornos rurales que sufren despoblación, y en muchos casos la falta de recursos para que sus habitantes puedan llevar una vida digna».
Por eso, reclama a la consejería que proporcione a los empresarios del sector la información sobre la aplicación de la normativa, «dada la falta de profesionalización de los mismos en algunos casos».