Una empresa de la red supuestamente criminal controlaba el coto de caza de la Junta Vecinal de Salas
Crémenes, Puebla de Lillo y Villaobispo se cuelan en la trama del fraude de Aldama
La UCO también siguió al enigmático empresario leonés, mano derecha del conseguidor

De Aldama, a la izquierda en una de sus primeras apariciones judiciales. EFE
La supuesta trama de fraude de hidrocarburos que pretendía amañar el IVA correspondiente a transacciones de carburantes por valor de 180 millones de euros tenía una notable conexión con la provincia de León según el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que menciona actuaciones de la investigación en Puebla de Lillo, Crémenes y Villaobispo, de acuerdo al atestado de 419 folios que consta en las actuaciones que sigue por esta materia el Juzgado Central de Instrucción número 5 con sede en Madrid.
El cabecilla de la red, Victor de Aldama, célebre por su decisión de ‘tirar de la manta’ para destapar hipotéticos casos de corrupción del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, relacionados con su esposa y con el ex ministro José Luis Ábalos, es ahora investigado por la responsabilidad que se le atribuye en la organización de una red que lideraban Aldama y un empresario leonés al que la UCO considera su mano derecha.
En Puebla de Lillo se localiza en un momento dado a la esposa el empresario leonés. De ella se habla en referencia a un empresario al que el magistrado tomará declaración en marzo. Administrador de una mercantil, la cual percibió 510.000 euros de una compañía portuguesa que ingresó la cantidad de 1.401.615,27 euros procedentes de una suministradora de Salamanca, «adquirió, por importe de 131.635,9 euros, el vehículo Land Rover Defender con el cual fue identificada, el día 30 de octubre de 2023 en la localidad de Puebla de Lillo (la esposa del empresario leonés) en compañía de un varón, propietario de múltiples fincas en la provincia de León, las cuales, indiciariamente, podrían ser propiedad velada del empresario leonés».
Hay más localizaciones en León. De otro de los investigados se dice que muestra «un claro perfil de testaferro, actuando como persona interpuesta en la tramitación de un coto de caza titulado por una suministradora ubicada en la localidad de Crémenes, administrado por Junta Vecinal de Salas». La suministradora tenía domicilio social en Córdoba y su objeto social era el comercio al por mayor de hidrocarburos. Era parte de una red de empresas que actuaban al paraguas de una principal la cual valiéndose de su condición de operador al por mayor de productos petrolíferos, comenzó a adquirir a otros operadores productos petrolíferos y, ficticiamente, simular su transmisión, todo ello en régimen suspensivo, a siete empresas interpuestas que actuaban bajo su control.
La empresa que tenía a su nombre el coto de caza de Crémenes era utilizada para canalizar los fondos de procedencia delictiva a Portugal, con la finalidad de alejarlos, ocultarlos y dificultar su trazabilidad. Además de ello, se utilizaba para la adquisición de vehículos y embarcaciones de recreo disponiéndoles para el disfrute de los responsables de la organización criminal.
Se trataba de una sociedad con un capital mínimo, de 3.000,00 euros, de reciente creación, que pasó de la total inactividad a realizar operaciones de compra a la compañía principal durante el año 2023, por un total de 336.287.758,24 euros. Sus ventas totales 301.724.553,64 euros evidenciaban que vendió claramente a pérdidas, «mostrando la inviabilidad del negocio». En ese periodo de tiempo se cuantificó un presunto fraude fiscal de 70.368.526,41 euros. «No existe sede social física real o, al menos, no en el lugar que declara como domicilio social», dice la UCO.
La principal empresa en la que se sustentaba la actividad de la trama aportó una presentación corporativa en la cual expuso la titularidad de cuatro estaciones de servicio propias (sin aportar ningún tipo de documentación acreditativa) y un acuerdo de colaboración entre las firmas comerciales, de fecha 21 de diciembre de 2020, para el almacenamiento de gasolina y gasóleos, así como una memoria explicativa de actividad. Una de esas estaciones de servicio es el gasocento de Villaobispo.
Las conclusiones permiten acreditar cómo funcionaba el sistema. La forma de alcanzar el capital social de tres millones de euros que le permitió cumplir con el requisito financiero necesario para la obtención del título de operador de hidrocarburos, «parece inconsistente, método que se ha detectado en otras operadoras instrumentales investigadas por esta Unidad en otros procedimientos judiciales y que se concretó en la cesión de créditos contraídos por la operadora a través del administrador o del socio único, establecido en una sociedad patrimonial.
Esa circunstancia es indiciaria de que la constitución y preparación de la mercantil «tenía como finalidad única obtener un título de operadora para llevar a cabo la actividad presuntamente defraudadora».
Lo prueba el hecho de que sus ventas, al incorporar a las mercantiles instrumentales (suministradoras) en la cadena comercial, y dos meses después de la obtención del título de operador, pasan de cero actividad en el sector a vender, en 16 meses, productos por cantidades superiores a 835,3 millones de euros.