La oposición exige responsabilidades por el caos jurídico que penaliza al Ayuntamiento de León

No hay cómo revertirlo ya. Pese a que el Ayuntamiento de León ganó el caso en primera instancia, el recorrido jurídico se acaba en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en contra de los intereses municipales. No existe modo de enmendarlo después de que se pasara el plazo de recurrir en casación ante el Supremo sin que no se hiciera nada. El olvido le costará al consistorio 554.622 euros, más los intereses que pueden llevarlo por encima de los 1,3 millones: una factura por la que los partidos de la oposición exigen al gobierno de José Antonio Diez «depurar responsabilidades» y critican «el desgobierno y la desidia» que, en esta ocasión, se ceban con la asesoría jurídica.

La polémica se centra en un área cuestionada desde dentro desde hace años. La situación de la asesoría jurídica se exhibió con la demanda presentada por uno de los letrados para exigir al Ayuntamiento de León que le indemnizara por las condiciones laborales sufridas. La reclamación la atención el juzgado, que condenó a la administración a pagarle «149.858,34 euros, más los intereses que se devenguen», tras probarse la «situación permanente y continuada de exceso de trabajo, vinculada causalmente a la prolongada desatención e inactividad del Ayuntamiento de León en la provisión de las vacantes». 

El relato expuso que, frente a las tres personas que formaban el área, desde enero de 2014 se quedaron sólo dos y, a partir de 2020, tan sólo el afectado, después de que pasara a servicios especiales otro que había contado con tres bajas antes.

La jubilación del abogado titular en verano dejó a los dos interinos, que habían llegado en 2022, como único personal, a la espera de que se cubran las oposiciones convocadas ese mismo año pero que, tres años más tarde, no han pasado del primer examen. En este contexto se dictó la sentencia, el 2 de julio, pero no se dio cuenta de ella hasta la junta de gobierno de este viernes, ya vencidos los 30 días para el recurso. La consecuencia refleja «una nueva consecuencia del desgobierno en que ha sumido este alcalde al Ayuntamiento de León», como resumió el portavoz del PP, David Fernández.

El edil de la oposición insistió en que «el alcalde es fiel al pensamiento socialista de que el dinero público no es de nadie» y recordó que «no es la primera vez que el Ayuntamiento pierde dinero por su mala gestión». «Ahí está el millón de euros de beneficio neto que la hacienda municipal ha dejado de ingresar con el aparcamiento subterráneo de San Marcelo», subrayó Fernández, quien abundó en que «lo peor es que nadie asume responsabilidades por esta desidia y esta pérdida».

En la herida incidió el portavoz de UPL. Eduardo López Sendino señaló que «no puede tolerarse este tipo de negligencias que al final cuestan mucho dinero a todos los leoneses, por lo que deben depurarse responsabilidades para que situaciones costosas no vuelvan a repetirse». «La actividad municipal exige transparencia y responsabilidad en las decisiones que se adopten para evitar acudir a los tribunales y, si no queda más remedio, es obligación como servidores públicos agotar razonablemente las vías jurisdiccionales hasta el último recurso, en defensa del interés público siempre con basamento en la legalidad», describió el edil.

La portavoz de Vox, Blanca Herreros, reseñó que «las consecuencias económicas no las asume el consistorio, las asumimos los leoneses como tantas otras». «Estoy expectante para ver cómo se encaja, presupuestariamente hablando, este varapalo económico, desde el momento en que el presupuesto se cuadra con calzador», concedió la edil, quien subrayó que no le cabe «la menor duda de que a los letrados municipales no se les ha pasado el plazo para recurrir». «No es un tema de carga de trabajo, ni de negligencia profesional. La decisión de no interponer recurso de casación es una decisión del alcalde, personal como tantas otras», entendió la edil.