El alcalde de León licita ahora por urgencia el contrato para intentar salvar los 5,1 M€ de Gersul

Quince meses después, la junta de gobierno del Ayuntamiento de León aprobó este viernes por urgencia, fuera del orden del día, la licitación del contrato para notificar el recibo del tratamiento de la basura de 2024. Después de que se hayan empezado a acumular las reclamaciones que propugnan la nulidad de pleno derecho de la tasa que antes controlaba de manera directa Gersul, el equipo de José Antonio Diez inició el camino para intentar salvar el cobro de los 5.132.990,7 euros que esperaba recaudar, pero que no gestionó dentro de plazo y ahora quedan en el aire a la espera de la resolución judicial.

El contrato licitado con retraso cuenta con un coste cercano al medio millón de euros que se perderán si el juzgado da la razón a los reclamantes. La partida presupuestaria ya se había dotado en otoño mediante una modificación de crédito, pero desde la Concejalía de Hacienda, dirigida por Carmelo Alonso, no se impulsó el contrato. No se hizo a pesar de que el área de Intervención, en su plan anual de control financiero y su informe de riesgos, firmado el 19 de octubre, ya advertía de la «carencia o falta de eficacia y eficiencia en la gestión» del cobro de la tasa de Gersul, a la vez que ordenaba que fuera «elaborado, liquidado y notificado dentro de 2024».

Este incumplimiento asienta las reclamaciones presentadas por empresas y particulares. Pese a que la ley marca que se deben notificar con acuse de recibo a los contribuyentes los nuevos tributos, el Ayuntamiento de León no lo hizo con la tasa de tratamiento de la basura, que antes gestionaba Gersul de manera directa. Pero no sólo se dejaron pasar los 12 meses sin cumplir con este acto administrativo obligatorio que ahora se quiere subsanar, sino que se aprobó una nueva ordenanza, en la que se aunaban las antiguas de recogida y tratamiento de basuras, que derogó con efectos de 31 de diciembre la anterior.

Las reclamaciones que tendrá que dictaminar el juzgado contencioso administrativo defienden que no cabe liquidar ahora el pago de los recibos de 2024 sobre una ordenanza que no está en vigor, ni se notificó antes de que se derogara. Frente a esta postura, el equipo de gobierno defiende que se trata de «una tasa que, como todo el mundo sabe, tiene una posibilidad de notificación y cobro, porque ya se ha realizado el padrón, de cuatro años para cobrarlo», como trasladó este viernes el alcalde.

Diez insistió en que «el padrón está aprobado, está liquidado y se va a notificar en cuanto se resuelva este contrato con Correos». Aunque, la realidad demuestra que no ha habido liquidación. No existe porque la liquidación, en los casos de nuevos tributos, se hacen en paralelo a la notificación dentro de un solo recibo. Sólo a partir de entonces se asienta el padrón, que a partir del segundo ejercicio fiscal, ya se notifica de manera colectiva, como sucede en la actualidad con el resto de las tasas e impuestos en vigor.

Sin estas actuaciones previas, es falso que el padrón esté aprobado y liquidado. Tan sólo se produjeron pagos aislados después de que, en noviembre, se colgara por error en la sede fiscal y algunos particulares y empresas, al entrar con su identificador, encontraran que tenían pendiente el abono de una deuda. Pero, al darse cuenta de que no se había notiticado, como se exige por ley para los nuevos tributos, se retiró, aunque tarde para que se fundamentaran las primeras reclamaciones.

A destiempo, el Ayuntamiento impulsa ahora el contrato que «va a permitir la notificación de la tasa lo antes posible». «Nuestra intención es cobrarlo lo antes posible para que no se acumule o se junte con otras tasas de otros años», se justificó Diez, pese a que, en la práctica, supondrá que en 2025 los contribuyentes tengan que pagar el recibo de 2024 y el nuevo del ejercicio en vigor. Luego, tendría que devolver el primero a los reclamantes si el juzgado les da la razón, como sucedió con los 8,4 millones de la subida del IBI de 2008.