El Ayuntamiento de León acata al fin el auto judicial e incorpora al viceinterventor
El gobierno de Diez negó hasta en seis ocasiones, desde el día 8 de octubre, la toma de posesión. El acceso tiene carácter provisional hasta que se resuelvan los recursos judiciales
Dependencias del edificio consistorial de la calle Ordoño II.
Más de tres meses después de que se desestimaran por primera vez las medidas cautelares, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de León acata al fin los pronunciamientos judiciales. No sin antes intentar una última maniobra, en la que instaba a la jueza a que aclarara el auto de ejecución, los responsables municipales permitieron la toma de posesión del nuevo viceinterventor, bloqueada antes hasta en seis ocasiones desde el 8 de octubre, cuando dejó su puesto en San Andrés del Rabanedo al haber ganado el concurso nacional.
A la séptima, cuando la jueza del contencioso administrativo número 2 de León recalcó que «los términos de la parte dispositiva del auto son claros, y lo que pide la representación del Ayuntamiento de León excede el ámbito de la aclaración», el gobierno de Diez notificó al funcionario la fecha para su toma de posesión. Sin más margen, el consistorio le ha incorporado, aunque de manera provisional, puesto que mantiene aún abiertos los dos procesos judiciales con los que intenta bloquear su entrada: uno frente a la decisión de la Dirección General de Presidencia de la Junta que desestima su solicitud de supresión del puesto, que ya ha sido rechazada en primera instancia, y una segunda contra la resolución del ministerio de Función Pública, encargado de la gestión del concurso nacional de vacantes.
Los dos frentes siguen abiertos por el empecinamiento del consistorio. No da marcha atrás el Ayuntamiento, a pesar de que la jueza del contencioso número 4 de Valladolid desestimara sus pretensiones en una sentencia en la que llega a advertir la «desviación de poder» del gobierno de Diez en el caso. «Se acumulan suficientes indicios para deducir razonablemente que la finalidad realmente perseguida con la amortización de la plaza de viceintervención, pese a revestirla con todas las apariencias formales de legalidad, no es otra que la de prescindir de un determinado funcionario a nombrar desde el concurso unitario que por diversas razones no resulta cómodo para la corporación», recoge el fallo, en el que se abunda en que «en todo caso el Ayuntamiento prefería que fuera ocupado» el cargo por la persona que estaba en comisión de servicio hasta ese momento.
Pese a los varapalos judiciales acumulados, el gobierno de Diez mantiene la pugna para anular la plaza que se adjudicó por concurso nacional
A pesar de la argumentación por falta de necesidad del puesto, el fallo incide en que se prorrogó un mes antes de la convocatoria de la plaza a la otra funcionaria en el puesto en régimen de comisión de servicios, después de que hubiera concurrido al concurso nacional, en el que obtuvo menor puntuación que el designado por el ministerio. Estuvo hasta que no cabía más posibilidad e, incluso, en los últimos días se la incluyó como presidenta del nuevo tribunal encargado de reevaluar la elección del intendente jefe de la Policía Local, anulada por el juzgado.