UPL y Vox se suman al PP para que no se multe en las calles peatonales de León por ahora

Sin confirmación de que sus solicitudes han sido aceptadas, ni información oficial por parte del equipo de gobierno de José Antonio Diez, los vecinos, comerciantes y afectados por el comienzo de las sanciones en las nuevas calles peatonales se amontonan en la centralita del cuartel y la oficina de San Marcelo de la Policía Local. Pero, después de que hace dos semanas se les informara de que las cámaras se encendrían el día 1 de junio, como sucedió, y que comenzarían a sancionar a partir del día 20 del mismo mes, ahora la consigna obliga a contestar con un «no hay fecha».

Frente a esta indefinición, UPL y Vox se sumaron este jueves a la exigencia planteada por el PP al equipo de gobierno para que no empiece a multar hasta que se apruebe la ordenanza, que se prevé que esté en vigor, como pronto, a finales de septiembre. Sin este texto no existe «cobertura normativa» para imponer las sanciones, como adviritió en su resolución el Procurador del Común. El dictamen alimenta la inseguridad jurídica que aventura un aluvión de recursos contra los boletines en los que se prescriba la receta de 80 euros por entrar en las calles restringidas: San Agustín, Gil y Carrasco, Alfonso V, Ramiro Valbuena, Los Cubos, Carreras y Fuero.

Todas quedan contenidas en el área de restricción de tráfico de la nueva ordenanza de movilidad. La normativa pasará al fin este martes por la comisión informativa de Seguridad y Movilidad, después de que se frenara a finales de mayo para que los grupos de la oposición hicieran sus aportaciones. El texto se someterá a dictamen para que llegue al Pleno de finales de junio. Luego, se someterá a información pública durante un mes y se tendrán que atender las alegaciones presentadas, antes de que retorne a la sede plenaria en la que se ratificará. Como último paso, deberá publicarse en el BOP y, 15 días hábiles después, entrará en vigor.

Si se atienden sus correcciones, UPL adelantó que apoyará la ordenanza. Pero el portavoz de los leonesistas, Eduardo López Sendino, advirtió de que «no debe de empezar a sancionarse a los vehículos no sólo hasta que la gestión administrativa de las peticiones de acceso esté tramitada, sino también cuando la ordenanza reguladora entre en vigor».

El líder de UPL insistió en que la nueva ordenanza permitirá «evitar vacíos legales improcedentes o utilización de subterfugios legales para justificar sanciones que pudieran ocasionar perjuicios a los leoneses». La tramitación jurídica ajustada a la ley permitirá además, incidió Sendino, que tampoco sufra las consecuencias del vacío normativa «el propio Ayuntamiento de León con la llegada de reclamaciones judiciales».

El criterio lo suscribió la portavoz de Vox. Blanca Herreros subrayó que las «restricciones» a la circulación en estas calles, «hoy por hoy, carecen de cobertura legal». «No están reguladas mediante una norma jurídica que, aprobada por los procedimientos legalmente establecidos, las establezca y establezca, asimismo, el procedimiento sancionatorio para el caso de su incumplimiento», concedió la concejala de la oposición, quien determinó que «por lo mismo, las sanciones que, eventualmente, pudieran imponerse serían ilegales, aparte de ser constitutivas de una arbitrariedad absolutamente intolerable, que es lo que viene caracterizando, junto con la imprevisión, todo lo relacionado con la peatonalización de nuestra ciudad».

Herreros calificó el proyecto de ordenanza de movilidad como «un ladrillo» infumable que pretende aunar a la vigente ordenanza de tráfico la creación y regulación de la Zona de Bajas Emisiones». La normativa, se extendió la concejala de Vox, «resulta un texto largo y farragoso cuya finalidad, mediante la regulación de materias con la suficiente entidad para ser objeto de una ordenanza propia, es lograr la aprobación de esa Zona de Bajas Emisiones y el amparo legal, a posteriori, de las peatonalizaciones y de las restricciones de movilidad que se han previsto para las zonas peatonalizadas».