La falta de interventor bloquea 2,5 M en San Andrés y dilata las nóminas

En la noria administrativa en la que viaja San Andrés del Rabanedo desde hace meses, los trabajadores han vuelto a quedar cabeza abajo al temblar por quinta vez el pago de sus nóminas. De momento, el rifirrafe por el proceso de elección del nuevo interventor, que la Junta acaba de ordenar repetir tras la denuncia de IU, se salda en que sin ese alto funcionario cuya llegada se esperaba como agua de mayo, no se ha podido firmar aún el cobro del salario de agosto. Es más, el hueco de ese puesto de trabajo en la plantilla bloquea 2,5 millones de euros en el municipio.

Por un lado, los 700.000 euros de las nóminas del mes de los 300 empleados y por otro, la paralización de varias licitaciones. Entre ellas, no se han podido utilizar los fondos de cooperación del Ejecutivo autonómico para la adquisición de un nuevo camión de basura (275.000 euros), una medida urgente ante la situación que atraviesan los vecinos de San Andrés por la falta de recogida de los residuos sólidos urbanos.

También queda en el limbo la licitación del contrato del gas (532.000 euros), la oferta de empleo público y el nuevo convenio de Bomberos (625.000 euros). Además, el borrador presupuestario de 22 millones, no se ha llevado a aprobación este verano por el mismo motivo, la falta de interventor municipal, y con ello queda en la 'nube' el capítulo de inversiones o la aprobación de un crédito extraordinario (sin cuantificar) en su defecto.

El Ayuntamiento creía resuelto el puesto de interventor a comienzos de julio tras el examen que realizaron varios aspirantes el 31 de mayo, pero la portavoz de IU dirigió una carta a la Consejería de Presidencia expresando sus dudas sobre la legalidad del proceso y tras valorar el nombramiento ha acabado ordenando que se repita la elección al apreciar que el tribunal está formado mayoritariamente por habilitados nacionales.

Según apuntó la Junta en su escrito, integraron ese tribunal seis habilitados y cuatro funcionarios. Sin embargo, el equipo de Gobierno de San Andrés ha respondido a esa orden que hay «un error» al haber contado mal el Ejecutivo autonómico, ya que los habilitados nacionales del tribunal fueron cinco y cinco los funcionarios.

«La Junta se equivocó en la titulación de un miembro procedente de la Diputación, por lo que el tribunal no estuvo mayoritariamente formado por habilitados nacionales», indican.

A la espera de la nueva respuesta, San Andrés no hace más que achicar agua para impedir que le llegue al cuello el desbarajuste administrativo que han ido generando las sucesivas faltas de altos funcionarios. En el caso de las nóminas, ha ido capeando el temporal con un A1 de la casa que como el Guadiana ha sido habilitado unos pocos días cada mes para salvarlas in extremis desde que el pasado octubre de 2024 el viceinterventor solicitó su traslado fuera del municipio.

Este economista ya sirvió de salvavidas al equipo de Gobierno en el otoño de 2023 al aceptar encargarse de las funciones como secretario municipal en un momento que también resultó muy delicado por la dificultad de cubrir ese cargo tras dos meses y un tapón de 600 expedientes.

La falta de interventor impidió la primera vez hace 10 meses una comisión de Hacienda donde se iba a dar cuenta del crédito extraordinario de 6,5 millones de euros tras el cambio de las normas fiscales dictadas por el Ministerio de Hacienda que impidió efectuar cuantiosas inversiones en el municipio.

Un municipio que vivió hace dos años un «caos administrativo» y «paralización», como reconoció la regidora, al coincidir la marcha de la vicesecretaria, la tesorera y en agosto, la baja del secretario, lo que impidió convocar las comisiones informativas, las juntas de gobierno, los plenos, los padrones, conceder licencias de obras, firmar contratos... Los altos funcionarios se están logrando renovar.