Amilivia pide revisar el encaje institucional de Anticorrupción

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, instó ayer a reflexionar sobre la conveniencia de reformar la normativa que regula la Autoridad Independiente de Integridad y Lucha contra la Corrupción, adscrita actualmente al propio órgano fiscalizador, para garantizar un modelo institucional más coherente y eficaz. En su intervención de apertura del primer Seminario sobre integridad en el sector público y canales de denuncia que se celebró en las Cortes bajo la organización de la autoridad Independiente, Amilivia recordó que este órgano inició su actividad en junio de 2024 con el nombramiento de su director, Luis Gracia, tras una propuesta elevada por él mismo a la Mesa de las Cortes. Desde entonces, el Consejo ha afianzado el organismo «no sin dificultades presupuestarias», y ahora se pregunta si su adscripción orgánica y presupuestaria al Consejo de Cuentas es el encaje adecuado. Amilivia destacó el esfuerzo realizado con cuatro profesionales y una quinta plaza convocada, pese a la prórroga presupuestaria autonómica que ha obligado al Consejo a asumir su coste sin dotación adicional, una situación que confía en que se supere con la aprobación de un nuevo presupuesto. A su juicio, «parecería más lógica una reforma normativa que contemplase la regulación de esta competencia directa en materia de prevención por el propio Consejo de Cuentas o, en caso contrario, la plena autonomía, también orgánica y presupuestaria, de la Autoridad». Amilivia subrayó que, a diferencia de comunidades como Galicia o Canarias, el Consejo de Cuentas no tiene competencias propias en materia de prevención de la corrupción, aunque sí ejerce un control externo «fundamental» para garantizar la correcta gestión de los recursos públicos bajo los principios de economía, eficacia y eficiencia. En lo que va de año, la Autoridad ha tramitado 114 denuncias, algunas remitidas a la Fiscalía.