La Universidad de León «ve inviable» el nuevo coste que suma el estatuto del becario

El estatuto del becario, que ahora se llamará el Estatuto de las personas en formación práctica no laboral ha dado un nuevo giro después de que desde el 1 de enero de 2024 comenzasen a cotizar a la Seguridad Social, lo que ha supuesto una revolución no sólo para los derechos de los estudiantes, si no también para el personal encargado de realizar estas gestiones en el ámbito educativo. El Gobierno ya ha dado luz verde al nuevo planteamiento, que ahora deberá pasar por el Congreso para su votación definitiva, que incluye ahora «la compensación de los gastos» a los estudiantes que, por ejemplo, tengan que desplazarse o dietas, entre otras cuestiones.

La vicerrectora de Emprendimiento, Empleabilidad y Formación Permanente de la Universidad de León, María José Vieira, defiende que «está muy bien aumentar los derechos de los estudiantes, pero a la universidad le tienen que salir las cuentas. No puede ser a coste 0», quien pone precisamente el acento y el foco del debate en quién va a asumir estos gastos. Vieira se manifiesta así en la misma línea que la presidenta de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, Eva Alcón Soler, quien ya ha mostrado su preocupación «por la viabilidad económica de estas medidas». «Esto será inviable si no hay una financiación potente», precisa María José Vieira. No en vano, sólo la Universidad de León gestiona más de 3.000 prácticas curriculares, a las que se suman otras 700 extracurrilares. Pero en la provincia de León cada año hay más de 4.500 alumnos que realizan alguna formación en empresas, ya que el estatuto contempla no sólo a los universitarios, también a los estudiantes de Formación Profesional, enseñanzas artísticas o deportivas y a las especialidades formativas del sistema nacional de empleo. María José Vieira destaca que a pesar de que hay una bonificación muy alta del Gobierno para hacer frente a las cuotas a la Seguridad Social —la institución académica paga una media de 10 euros por estudiante—, el monto «sale de los recursos propios de la Universidad». La gestión es otra de las patas pendientes. De igual forma que los centros educativos han tenido que hacer frente a toda la cuestión administrativa en el pago de la Seguridad Social, «está por determinar qué oficina va a poder asumir la gestión de las dietas, los informes o los desplazamientos», concreta la vicerrectora. Desde el Gobierno concretaron tras el paso por el Consejo de Ministros, que el estatuto evitará figuras como los falsos becarios y concreta que las personas en prácticas «tendrán derecho a la compensación de gastos, al descanso y a los servicios del centro de trabajo ofrecido a las personas trabajadoras. Además, concreta las prácticas no laborales estarán tutorizadas por una persona «que podrá tener, como máximo, a cinco trabajadores en formación a su cargo. El total de personas en prácticas no laborables no podrá superar el 20% de la plantilla de la empresa». El estatuto incide en que en el periodo de formación práctica las tareas asignadas al alumno deberán ajustarse al contenido formativo recogido en el plan de formación individual, con lo que su papel no debe sustituir las funciones de un trabajador. Las curriculares no deberán superar el 15% de las horas en que se concreten los ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Crédito) de la titulación. Por otro lado, no podrán superar las 480 horas y en los estudios vinculados a títulos propios de las universidades, la suma total de las curriculares y extracurriculares no debe superar el 25% de los créditos ECTS de la correspondiente titulación.

Por otra parte, Inspección de Trabajo y Seguridad Social tendrá acceso a la documentación asociada a las prácticas formativas no laborales y la planificación anual de este organismo incluirá actuaciones inspectoras efectivas para garantizar que las empresas cumplen con su parte, por es incluye un un régimen sancionador con multas de entre 120.006 y 225.018 euros en el caso de que se produzcan infracciones muy graves en su grado máximo. Si las infracciones son consideradas muy graves, pero en su grado mínimo, las multas irán de 7.501 a 30.000 euros, mientras que en su grado medio serán de 30.001 a 120.005 euros.