El 80% de los usuarios de la autopista AP-66 entre León y Asturias se queda sin la bonificación del peaje
Cada día, la autopista tiene una intensidad de 8.500 vehículos. La rebaja del 15 % y del 30% se activó hace un año, pero tienen mucho menor impacto que la del 60%
Peaje que da acceso a la AP-66 en la localidad leonesa de La Magdalena.
Ocho de cada diez vehículos que cruzan de León a Asturias, o viceversa, no puede aprovechar las bonificaciones que se habilitaron hace poco más un año en el peaje de la AP-66, la autopista que atraviesa la Cordillera Cantábrica. Cada vez un vehículo cruza la barrera abona 15,60 euros, en un trazado que diariamente recorren una media de 8.500 vehículos. Según la respuesta del Gobierno a una pregunta escrita presentada por el grupo Popular en el Congreso, con las leonesas Ester Muñoz y Silvia Franco entre los solicitantes, desde enero hasta el septiembre, tan sólo 464.778 usuarios pudieron aprovechar una reducción en el precio de los 2,3 millones de vehículos que transitan por esta infraestructura en un año.
El 1 de noviembre entró en vigor una ampliación de la bonificación, más allá 60% a partir del tercer recorrido que se había activado en 2022. Desde hace un año, se incluye un descuento del 15% en el primer recorrido y de un 30% en el segundo, siempre y cuando se realicen tres o más viajes dentro de un mismo mes y se emplee, para ello se emplee el dispositivo electrónica para pagar de forma automática, sin detener el vehículo. Sin embargo, estas medidas tienen escaso impacto. El grueso de los bonificados, más de 300.000, son del 60%, mientras que tanto el 15% y el 30% de la rebaja afecta, casi a partes iguales a 160.000 usuarios, con lo que gran parte de los conductores siguen abonando el total de los 15,60 euros, lo que se traduce en que cada kilómetro recorrido por la AP-66 le cuesta al conductor 0,20 euros, lo que la sitúa entre las diez autopistas más caras de España.
El precio, además, se enmarca en un contexto de obras en media docena de los túneles que hay que traspasar y con el bypass aún operativo para permitir el tráfico después de la caída, el 11 de noviembre del año pasado de un argayo, en el punto kilómetro 76, ya en la vertiente asturiana. Todo ello provoca tráfico por una autopista embarcada en la lucha social y política por la prórroga de la concesión hasta el año 2050, algo que desde la Comisión Europea ya han emitido un dictamen para considerar que incumple con la normativa.
La AP-66 es la alternativa al puerto de Pajares. El número de vehículos pesados, según los datos facilitados por el Gobierno al PP, que transita por la autopista supera ya los 422.000 en lo que va de año, tras alcanzar los 512.651 el año pasado completo, teniendo en cuenta, además que el cierre por argayo redujo los usuarios de estas características por la AP-66 a la mitad de un mes habitual.
Con la prórroga de la concesión hasta el 17 de octubre de 2050 —el Gobierno concreta que las bonificaciones se mantendrán hasta entonces— y el dictamen emitido desde la Comisión Europea, el presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, anunció ayer que está dispuesto a llegar a los tribunales para defender la supresión del peaje, que para Asturias es la principal vía de comunicación entre Asturias y la Meseta, a través de León.
La prórroga, al juzgado
El Ejecutivo asturiano acordó el pasado lunes iniciar una acción de nulidad contra la Administración General del Estado con el objetivo de que se declare nulo de pleno derecho el real decreto que prorrogó hasta el año 2050, 29 más de los previstos inicialmente, la concesión de la autopista. Esta acción directa de nulidad para impugnar la disposición del Gobierno que hizo posible la prórroga tiene carácter de acto administrativo y supone un paso previo necesario para, en su caso, acudir a los tribunales. Barbón señaló que el Principado cuenta con un informe «buenísimo» desde el punto de vista jurídico del Consejo Consultivo que le «da la razón para iniciar el proceso de revisión de oficio». «Le pedimos al Gobierno de España que con carácter voluntario lo haga y si no lo hace, nosotros lo llevaremos a los tribunales. Cuando decimos que defendemos Asturias y sus intereses no es de boquilla, lo hacemos con hechos concretos», insistió, después de la propuesta del presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, de que se cree un comisionado para llevar las relaciones con el Ministerio de Transportes. Barbón dijo que «las relaciones lógicas son entre gobiernos», otra cosa sería, añadió, que se ponga en marcha un comisionado para un «proyecto determinado», lo que «tiene más sentido».
La Federación Asturiana de Empresarios y sus asociaciones del sector del transporte también han decidido emprender la vía legal para pedir la nulidad de la prórroga del peaje, «con el objetivo de proteger los intereses de empresas y profesionales». La patronal asturiana remarcó que el peaje, cuya prórroga incumplió la normativa europea, «ha lastrado la competitividad de la economía asturiana» y «ha supuesto un sobrecoste para miles de transportistas, autónomos y compañías». La patronal subraya que «la situación se agrava en un contexto económico en el que las empresas soportan un incremento continuado de costes logísticos, lo que impacta directamente en la actividad productiva y en la capacidad de Asturias para atraer inversiones». Por ello, entienden que «defender los intereses de las empresas asturianas en esta causa es una obligación institucional y económica» y recuerdan que lleva «años reclamando la eliminación del peaje para todos los vehículos, así como medidas que garanticen un acceso competitivo.