Los trabajadores del CTR advierten de un «fraude de ley» en las ayudas para basura

La puesta en funcionamiento del nuevo contenedor marrón genera una nueva polémica. Si el Ayuntamiento ya da por perdida la subvención de 738.000 euros que le había concedido la UE para la compra de los recipientes por no ponerlos en la calle antes de 31 de diciembre, ahora el comité de empresa del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) provincial añaden una nueva alerta que puede afectar a los fondos europeos solicitados para la implantación de la nueva fracción de reciclaje de residuos orgánicos. Los agentes sociales han registrado un escrito en el consistorio de la capital leonesa, en la Diputación y en la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S.A. (Somacyl), dependiente de la Junta, en el que advierte del «riesgo inminente de fraude de ley y de pérdida de fondos», por la presunta «duplicidad de subvenciones» otorgadas para las líneas de tratamiento de estos desechos.

El comité de empresa, controlado por el sindicato USO, recalca que no dudará «en poner estos hechos en conocimiento de las instancias judiciales y de la Comisión Europea si se ignora esta advertencia y se consuma el riesgo de reintegro por duplicidad». En su informe, los agentes sociales detallan que se han dado subvenciones que, de acuerdo a la argumentación del comité de empresa, para la «función de ‘pretratamiento’ o ‘separación de impropios’ de la materia orgánica» de este nuevo contenedor marrón.

La primera subvención la confirmó la UE en 2022 para la «adaptación y modernización de instalaciones en el CTR Provincial, planta final, para el tratamiento de la fracción orgánica de los residuos sólidos de toda la provincia por un importe de 2.513.434,52 euros». Pero, como apostillan, con posterioridad, en 2023, se otorgó otra nueva ayuda comunitaria de 1.350.784,72 euros para la «instalación de una nueva línea de pretratamiento» de este mismo porcentaje de reciclado, a favor del Ayuntamiento de León, que ha encargado la obra a dedo a Somacyl, y que se planea en las instalaciones del servicio de limpieza municipal, junto al mercado de ganados.

Los representantes de los trabajadores inciden en que, «si la inversión de 2.513.434,52 euros concedida previamente a la Diputación de León para el CTR provincial ya contempla la adaptación o instalación de las líneas necesarias para realizar este mismo pretratamiento, la subvención posterior de 1.350.784,72 euros al Ayuntamiento de León para una instalación idéntica en la capital podría incurrir en una duplicidad de funciones y, por ende, de financiación». «Los residuos orgánicos que serían pretratados en la nueva instalación del municipio de León son la materia prima para el tratamiento final en el CTR, que ha sido previamente subvencionado precisamente para adaptarse a la recepción y tratamiento de esos flujos», recalcan los agentes sociales en el escrito, en el que abundan en que «financiar dos etapas idénticas en la misma cadena de valor constituye una presunta ilegalidad administrativa y un uso ineficiente del dinero público».

Los portavoces de USO inciden en que «esta presunta duplicidad de inversiones no es sólo un derroche económico». «Es, a nuestro juicio, un ejemplo de mala gestión y una estrategia que busca el enfrentamiento directo entre los dos pilares del sistema de residuos de León: el servicio de limpieza del Ayuntamiento, que recoge la fracción orgánica de recogida separada, y el CTR, que la procesa», describe el comité de empresa, que advierte de que, «al segregar y duplicar funciones, se crea una incertidumbre operativa y laboral que perjudica la necesaria coordinación técnica y genera un conflicto artificial que podría afectar la calidad del servicio a los ciudadanos de la capital y de la provincia».

En el escrito, que en Diputación ya estudian, los trabajadores exigen la «paralización» del proyecto que el Ayuntamiento ha derivado a la empresa pública dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta. El comité insiste en que se proceda a la «suspensión inmediata de la licitación» hecha por Somacyl «hasta que una auditoría externa e independiente determine y certifique la ausencia de solapamiento funcional entre esta nueva línea y las adaptaciones financiadas en el CTR provincial». «El tiempo corre en contra de la legalidad. Los responsables tienen ahora la obligación de actuar con diligencia para evitar un daño irreparable al erario público. No podemos arriesgarnos a que estos fondos, esenciales para la provincia y para la estabilidad de los 170 puestos de trabajo que dependen del servicio de tratamiento, sean reclamados por Europa», indican.