Diario de León

El retraso de Verifactu desactiva una inversión de 20 M€ de las pymes leonesas

El aplazamiento da un respiro a los negocios rezagados, pero penaliza a quienes han hecho los deberes. La nueva norma de facturación afecta a casi 28.000 empresas de la provincia y a los autónomos

La entrada en vigor de Verifactu se aplaza hasta el año 2027.

La entrada en vigor de Verifactu se aplaza hasta el año 2027.f. otero

María Jesús Muñiz Prieto
León

Creado:

Actualizado:

La mayor parte de las empresas leonesas estaba preparada para hacer frente a las nuevas exigencias de facturación de la Agencia Tributaria, según los despachos profesionales que gestionan casi en su totalidad los trámites de las micropymes, y ahora el nuevo aplazamiento de la entrada en vigor de la norma descoloca sus cálculos. No tanto los de muchos autónomos, que tenían algo más de tiempo pero están más retrasados, según sus asociaciones. El Ministerio de Hacienda justifica el aplazamiento de la entrada en vigor de Verifactu en que muchos contribuyentes tienen dificultades para adaptar sus sistemas. Lo cierto es que el cambio de fechas penaliza a quienes habían hecho los deberes a tiempo, pero alivia a los más rezagados. Generalmente, los más pequeños, y en el ecosistema emprendedor de León son inmensa mayoría.

El Congreso de los Diputados aprobó esta semana aplazar un año la entrada en vigor del nuevo sistema de facturación de las empresas, que debía aplicarse desde el 1 de enero próximo para las empresas sujetas al Impuesto de Sociedades y al 1 de julio para los autónomos. En León son casi 28.000 las empresas que deben cumplir la nueva normativa, y que han realizado una inversión conjunta en la adaptación que supera los 20 millones de euros. Que ahora quedan a la espera un año más. Aunque con una advertencia: el sistema de comunicación de facturas no entra en vigor, pero las exigencias que deben cumplir sí. Rezagarase puede dar lugar a requerimientos e inspecciones futuras de Hacienda. En todo caso, «una nueva carga burocrática, y un motivo más de incertidumbre entre los empresarios».

Son los datos que maneja desde la presidencia de la Fundación para la Excelencia Empresarial de Castilla y León y desde el Círculo Empresarial Leonés (CEL) Pablo Roberto Herrero, que calcula que entre el 60 y el 80% de las pymes locales había llevado ya a cabo procesos de adaptación a la nueva normativa. «Se ha invertido un montón de tiempo, dinero y esfuerzo y ahora llega de nuevo la indefinición. Lo que más daño hace son las medidas que se deciden en el último día, se comunican tarde y con poco margen para la toma de decisiones. No puede haber una continua regulación y desreegulación, eso causa enorme daño económico».

En cambio desde la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) se aplaude el aplazamiento, porque para muchos trabajadores por cuenta propia la adaptación y la falta de un software público desarrollado por Hacienda hace muy compleja la adopción de la medida. Por eso reclamaban una «adaptación de forma escalonada y coherente con la realidad de las empresas de menor dimensión», aunque la exigencia lleva ya muchos meses formulada y el software es obligatorio en los nuevos equipos desde julio.

Más del 60% de las empresas de la provincia están ya preparadas para el nuevo sistema, la mayoría a través de las gestorías

El Consejo General de Gestores Administrativos reconoce que el aplazamiento «aporta tranquilidad», aunque «sólo servirá si se utiliza para hacer bien lo que no se ha hecho».

Desde el CEL lamentan el retraso. «Los despachos profesionales hemos sido muy proactivos recomendando la adaptación, no se puede esperar al último día para implantar sistemas, formar a la gente,... Esto genera nuevos costes». Y advierten: «A efectos prácticos hay que utilizar ya este sistema, lo hemos estado probando. Tenemos que acostumbrarnos y parte de los códigos de factura hay que recopilarlos ya, para responder a posibles requerimientos en el futuro». En todo caso, «boletín y contraboletín suponen nuevas preocupaciones. Y, cada día, una nueva carga burocrática».

«No es una medida contra el fraude, es una exigencia más»

«Plantean Verifactu como una medida contra el fraude, pero no es así. Las empresas intentan hacer las cosas correctamente, y al final esto es una exigencia burocrática más. Sí implica un cambio de mentalidad, y hay sectores donde realmente es difícil de implementar. Ahí es donde se tiene que prestar más ayuda, para que sea más sencillo el cambio. Si suma un problema, al final es otro pequeño lastre para la competitividad de nuestras empresas», explica el presidente de Execyl. Que advierte a los empresarios de que el aplazamiento de la entrada en vigor del sistema no implica que «no sea obligatorio utilizar el software que recoge todas las facturas. Porque en 2027 habrá que ver si la Agencia Tributaria es permisiva, o empieza a exigir comprobaciones».

Respiro o incertidumbre

El sistema Verifactu, previsto inicialmente para entrar en vigor en este 2025 y aplazado ahora de nuevo hasta 2027, exige disponer de un software homologado capaz de garantizar la trazabilidad de cada factura, impedir su manipulación y conectar automáticamente con la Agencia Tributaria para el control del IVA. Se presenta como una herramienta de prevención y lucha contra el fraude, para evitar el ‘software de doble uso’, la clásica ‘caja B’ que oculta ventas al fisco. Verifactu exige programas informáticos (obligatorios en los equipos que se adquieran desde el pasado mes de julio, y para todos a partir ahora de 2027) que estandarizan los formatos de los registros de facturación, y un sistema de envío verificado de las facturas a Hacienda. Las sanciones por no hacerlo correctamente pueden alcanzar los 50.000 euros, o la pérdida del derecho a deducir el IVA. Incluso la paralización de la actividad profesional.El aplazamiento deja de momento atrapados a los empresarios que apostaron por el Suministro Inmediato de Información (SII), que evita a Verifactu y por el que optan grandes empresas. El plazo para renunciar a él concluyó en noviembre y aún no se ha modificado. «La información inmediata es muy exigente, en algunos casos la Agencia Tributaria lo ha denegado a empresas leonesas. Pero lo habrán valorado, es decisión de cada uno», señalan desde el CEL.
tracking