Peaje de la AP-66: el presidente de Asturias impulsa miles de denuncias contra su propio partido

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha intensificado su postura crítica frente al cobro del peaje en la autopista AP-66 entre León y Asturias, conocida como el Huerna, un conflicto que lo sitúa en abierta confrontación con su propio partido, el PSOE, en el Gobierno central. La polémica se centra en la continuidad del cobro de la tasa mientras se ejecutan importantes obras de reforma en los túneles, lo que ha generado numerosos atascos y una reducción significativa de la calidad del servicio. Barbón, visiblemente "indignado" con la concesionaria Aucalsa, ha manifestado públicamente su apoyo a la presentación de miles de denuncias por parte de los usuarios, buscando la devolución de las tarifas abonadas y la supresión definitiva de este peaje, una batalla que se libra tanto en el ámbito político como en el judicial, según recoge El Comercio.

Esta escalada de tensión se produce tras la revelación, a finales de 2025, de un informe de la Dirección General de Tráfico (DGT) que documentaba hasta nueve atascos en la AP-66 desde el inicio de las obras en el verano de 2025. Dicho estudio ha servido de base para las reclamaciones, evocando un precedente crucial establecido por el Tribunal Supremo. Este alto tribunal, en una resolución reciente, obligó a la concesionaria de la AP-9 gallega a devolver el importe de los peajes a los usuarios afectados por retenciones durante periodos de obras. La situación en la AP-66, que conecta Asturias con León y Madrid, presenta paralelismos evidentes, lo que refuerza la argumentación del Principado y de las asociaciones de consumidores para exigir medidas similares y la compensación a los conductores asturianos.

La postura de Adrián Barbón no es meramente retórica; el presidente asturiano ha declarado que la batalla por la supresión del peaje de la AP-66 se ganará "o por las buenas o por las malas", según el mismo rotativo. Esta afirmación subraya la determinación del Principado de llevar el asunto hasta las últimas consecuencias, incluyendo la vía judicial. La estrategia se fundamenta en un informe emitido por la Comisión Europea en el verano de 2024, que declara ilegal la decisión adoptada en el año 2000 por el Gobierno de José María Aznar (Partido Popular) de prorrogar la concesión del peaje hasta 2050. El Principado de Asturias está preparando una denuncia formal ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para exigir al Gobierno de España la supresión de la tasa, ante la aparente inacción del Ejecutivo central y su desatención a las reclamaciones provenientes de Asturias, tanto desde el ámbito político como social, a través de la Alianza por las Infraestructuras. La presión ejercida desde la región es constante y busca una solución definitiva a una problemática que afecta directamente a la economía y la movilidad de los asturianos.

La relevancia del fallo del Tribunal Supremo sobre la AP-9 gallega es innegable en el contexto actual de la AP-66. El alto tribunal dictaminó que la concesionaria de la Autopista del Atlántico debía reembolsar el dinero a los usuarios que sufrieron retenciones debido a obras, argumentando que no se les informó adecuadamente sobre las actuaciones ni sobre las rutas alternativas disponibles. En el caso de la AP-66, las obras en los túneles han provocado la reducción de la circulación a un carril por sentido en gran parte del trazado, la restricción de la velocidad y la prohibición de adelantamientos, generando molestias significativas para los conductores. Estas circunstancias son precisamente las que el Supremo consideró motivo suficiente para la devolución de las tarifas en Galicia, lo que establece un sólido argumento legal para los afectados en la autopista asturiana. La Unión de Consumidores de Asturias (UCE) ha tomado nota de este precedente y se prepara para presentar una denuncia masiva.

El informe de la Comisión Europea, emitido en el verano de 2024, representa un pilar fundamental en la estrategia del Principado para eliminar el peaje de la AP-66. Este documento concluye que la prórroga de la concesión hasta 2050, decidida por el Gobierno español en el año 2000, contraviene la normativa europea. La ilegalidad de esta prórroga, según Bruselas, debería implicar la supresión del peaje. Sin embargo, el Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, se ha mantenido firme en su negativa a atender esta demanda, así como a la petición de bonificar al 100% el peaje mientras duren las obras. Esta postura del Gobierno central, que ignora tanto el informe europeo como las reclamaciones unánimes desde Asturias, agrava el conflicto y refuerza la determinación del Principado de acudir a instancias judiciales superiores para hacer valer sus derechos y los de sus ciudadanos. La falta de respuesta del Ejecutivo central es percibida como un desaire a las necesidades de la región.

La Unión de Consumidores de Asturias (UCE) ha anunciado que presentará una denuncia en los próximos días de 2026 para exigir la devolución del dinero abonado por los usuarios de la AP-66 desde que comenzaron las obras en el verano de 2025. Esta iniciativa ha encontrado un respaldo masivo entre la población asturiana, con más de 3.000 ciudadanos ya adheridos a la demanda. Adrián Barbón ha calificado este número como "muy bueno" y ha animado a una mayor participación, afirmando que "cuanta más movilización y más denuncias llevemos a efecto, va a ser mejor". La estrategia es clara: acumular un gran volumen de reclamaciones individuales y colectivas para ejercer una presión insostenible sobre la concesionaria y el Gobierno central. La unidad de acción entre instituciones y la sociedad civil es clave para el éxito de esta campaña.

Preguntas frecuentes sobre el peaje de la AP-66

¿Por qué se considera ilegal el peaje de la AP-66? La Comisión Europea emitió un informe en el verano de 2024 que declara ilegal la prórroga de la concesión del peaje hasta 2050, una decisión tomada por el Gobierno español en el año 2000. Esta prórroga, según Bruselas, contraviene la normativa europea, lo que debería implicar la supresión de la tasa. El Principado de Asturias se apoya en este informe para exigir su eliminación.

¿Qué relación tiene el caso de la AP-9 gallega con la AP-66? El Tribunal Supremo obligó a la concesionaria de la AP-9 a devolver el peaje a los usuarios afectados por retenciones durante obras, argumentando que no se les informó adecuadamente. Las obras en la AP-66 han causado situaciones similares, lo que establece un precedente legal importante para las reclamaciones en Asturias y la devolución de las tarifas abonadas.

¿Qué acciones está tomando el Principado de Asturias? El Principado, liderado por Adrián Barbón, está preparando una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para exigir la supresión del peaje. Además, apoya activamente las denuncias de los consumidores y exige al Ministerio de Transportes la bonificación del 100% del peaje mientras duren las obras, así como la devolución de los importes cobrados.

¿Cómo pueden los ciudadanos sumarse a las denuncias? La Unión de Consumidores de Asturias (UCE) está coordinando la presentación de denuncias para exigir la devolución del dinero. Los ciudadanos interesados pueden contactar con la UCE para adherirse a estas acciones legales, que ya cuentan con el respaldo de miles de asturianos. La participación ciudadana es fundamental para fortalecer la presión.

¿Por qué ha subido el peaje si hay obras y atascos? A pesar de las obras, los atascos y la reducción de la calidad del servicio, el Ministerio de Transportes autorizó una subida del 3,64% en las tarifas del peaje de la AP-66 para este año 2025. Esta decisión ha generado una fuerte indignación entre los usuarios y las autoridades asturianas, que la consideran una "vergüenza" en la situación actual.