Al Ayuntamiento de León se le atasca devolver 366.000 € de la tasa nula de basura
Los bancos han devuelto 166.000 € por no coincidir los titulares de las cuentas y los recibos. Cerca de 200.000 € corresponden a pagos en ventanilla bancaria o bizum
La gestión de la polémica tasa de basura ha generado colas en el consistorio.
La resaca de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que declaró nulidad de pleno derecho de la nueva tasa unificada de recogida y tratamiento de basura promovida por el Ayuntamiento de León no se acaba. Más de tres meses después de que se dictara el fallo, la administración municipal no ha conseguido reembolsar todavía más de 366.000 euros de los casi 1,2 millones que había cobrado. Pese a la promesa del alcalde, José Antonio Diez, de que se devolvería de oficio, todavía existen cerca de un millar de contribuyentes a los que el consistorio no halla cómo reingresar el dinero, bien porque no coinciden los nombres de las cuentas con los titulares de los recibos o porque el método de pago efectuado imposibilita el retorno de la cantidad a los cerca de 7.000 contribuyentes, del total de 85.586 unidades urbanas totales, que cumplió con la obligación fiscal al recibirla por sede electrónica, antes de la acción judicial.
El problema se lo ha encontrado el Ayuntamiento cuando los bancos empezaron a devolver parte de los reingresos. Cuando la sentencia del TSJ adquirió fijeza, después de que pasara el plazo legal sin que el Ayuntamiento de León presentara recurso ante el Tribunal Supremo, los responsables municipales optaron por cargar el dinero en los mismos números de cuenta desde los que se habían cursado las transferencias. Dentro de la remesa de más de 4.500 recibos, el consistorio logró reintegrar 735.000 euros. Pero otro medio millar de facturas, con 166.000 euros vinculados, tomaron el camino de vuelta al aparecer en la cuenta un nombre distinto del que se anotaba como titular de la tasa de recogida y tratamiento de basura de 2025.
La falta de coincidencia se debe, en la mayoría de los casos, a recibos correspondientes a viviendas alquiladas. En estos pisos, muchas veces los dueños derivan en los inquilinos la obligación de abonar la tasa de manera directa. Como consecuencia, el cargo se hace desde la cuenta del arrendatario, pero en el recibo aparece como titular el arrendador. Este desfase provoca que, al cursar la devolución desde los servicios económicos del Ayuntamiento de León, al banco no le cuadre la identidad y procede a rechazar el movimiento de dinero que ha recibido.
Junto con estas devoluciones del proceso de devolución masiva, que se corresponden con aquellos recibos que se abonaron por transferencia bancaria o desde la tarjeta de crédito, el Ayuntamiento de León se ha encontrado con otro inconveniente en aquellos que decidieron hacer el pago por medio de los otros dos métodos posibles. Aquellos que hicieron el desembolso del recibo en la ventanilla de los bancos en los que tiene las cuentas abiertas el consistorio o que, como se permite ahora, lo cursaron por bizum. No hay cómo reintegrarlo de forma directa, como han advertido los servicios económicos del consistorio, lo que determina que haya otros 200.000 euros de momento en un limbo en el que se encuentran otro medio millar de vecinos.
Todos estos condicionantes hacen que los trabajadores municipales hayan tenido que idear fórmulas alternativas para advertir a los contribuyentes perjudicados. Entre ellas se ha optado por buscar números de cuenta dados de alta en la base de datos municipal, por alguna otra domiciliación o pago de servicios, y enviar correos electrónicos, asociados a los titulares de los recibos pagados, para pedirles que se pongan en contacto con el Ayuntamiento de León para que faciliten una referencia bancaria donde recibir el reembolso de la tasa que anuló la justicia.
Las devoluciones sólo se anotan en aquellos que pagaron la tasa en la que el Ayuntamiento pretendía unificar las dos antiguas de la basura: la de recogida y la de tratamiento que hasta 2023 gestionaba Gersul. El tributo presentaba recibos de 103,19 euros de media para las viviendas, pero en las oficinas, centros educativos y oficiales llegaba a los 7.358,27 euros, en los comercios hasta los 13.249,88 y en las industrias hasta los 13.446,19 euros. El TSJ anuló la ordenanza fiscal por su tramitación irregular, debido a que el expediente estuvo en exposición pública sólo 29 días cuando la legalidad impone 30 jornadas.
El fruto de la anulación hace que se vuelva a las ordenanzas anteriores. El problema para los contribuyentes es que, este año, tendrán que pagar el doble, dado que se les cursarán los recibos de 2025, que no se pasaron cuando tocaban, y los de 2026.