El alcalde de León se rinde ante la falta de argumentos para ir al TS y devolverá la tasa de basura de 2024
Diez asume el criterio de los servicios jurídicos que desaconsejaron recurrir
La tasa anulada de 2025 unificaba la recogida y el tratamiento de la basura.
Después de una semana en la que no ha encontrado argumentos para intentar revocar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que anulaba la tasa de tratamiento de basura de 2024, el alcalde de León, José Antonio Diez se rindió este viernes. El Ayuntamiento de la capital leonesa no recurrirá en casación ante el Supremo, como le habían aconsejado los servicios jurídicos municipales al regidor socialista ante las pocas posibilidades de que prosperara. No se arriesgará a que le tumben la acción, con la consiguiente condenen en costas, y devolverá lo cobrado a los vecinos por el tributo que empezó a notificar con acuse de recibo en los domicilios el pasado mes de octubre. En suma, se anotaban 5,1 millones de ingresos previstos.
La capitulación jurídica del equipo de gobierno del PSOE se sucede apenas cinco meses después de que, también por una sentencia del TSJ, se anulara la tasa con la que pretendían unificar en 2025 un solo tributo las antiguas tasas de recogida y de tratamiento de residuos. En ese momento, tampoco se encontraron argumentos para rebatir a los magistrados en casación ante el Supremo y se inició de oficio la devolución de lo cobrado hasta final de septiembre, aunque algunos todavía no han visto reingresado el dinero. La idea de los responsables municipales pasa por hacer un proceso similar en esta ocasión, sin que sea necesario que los contribuyentes reclamen.
El alcance en esta ocasión será mayor. El Ayuntamiento de León no sólo se queda sin sustento normativo para recaudar los 5,1 millones de la tasa de 2024 y debe devolver lo recaudado. Sin repaldo de la ordenanza anulada, el consistorio tampoco podrá cobrarle en 2025, ni en 2026 a los vecinos la tasa de 38 euros por vivienda, que puede llegar hasta 4.000 euros en comercios, 3.000 euros en industrias y 1.998,8 euros en oficinas. El Ayuntamiento de León deberá ahora redactar una ordenanza que subsane los dos vicios de nulidad advertidos en la sentencia: la «manifiesta falta de motivación y proporcionalidad» al fijar el importe del tributo y la ausencia del informe de impacto de género.