Alrededor de 200 desahucios están pendientes en León del cambio de normativa
El Gobierno debate si mantiene la moratoria que daba cobijo a las personas desfavorecidas
Alrededor de 200 familias leonesas pendientes de supuestos de desahucio por impago de los alquileres o de las hipotecas se encuentran a la expectativa de conocer la decisión final del Gobierno con la aplicación de la Ley Ómnibus, por la que en la práctica se dejaba en suspenso el lanzamiento de las personas que no cumplían con sus obligaciones de pago.
El giro político del Ejecutivo central abría la posibilidad a la supresión del escudo que suponía la legislación, por el cual se limitaba la ejecución de los desahucios en el caso de personas que estuviesen en condiciones desfavorables. En León, en el último trimestre del que hay datos oficiales, se cumplimentaron 53 órdenes de estas características. La estadística leonesa en este apartado no aparece completa por la falta de algunos datos del partido judicial de Villablino.
Hecha esa salvedad, el Consejo General del Poder Judicial constata en el último estudio la existencia de 40 ejecuciones hipotecarias realizadas, 53 lanzamientos practicados en la provincia de León, 5 casos más en los que se ejecutaron hipotecas por impagos y 41 episodios más derivados de las novedades de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Hay otros siete casos más que no se incardinan en ninguno de los supuestos anteriores. Todo ello se recoge en el Estudio sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales, correspondiente a periodo comprendido entre julio y septiembre del año pasado. Es la última referencia oficial.
La diatriba responde a la posibilidad de que se produzca un giro político en este ámbito. El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, esbozó ayer su intención de aprobar «lo antes posible» en el Consejo de Ministros, «a poder ser mañana», este real decreto Ley ‘Ómnibus’. «Nosotros lo que no vamos a permitir es que se deje caer la medida de los desahucios», declaró el ministro. De su decisión no parece que vayan a depender más de un millar de reclamaciones de cantidades impagadas el año (320) en ese periodo de los tres últimos meses ni tampoco los más de 3.000 monitorios anuales de León (procesos abiertos por falta de pago de contratos suscritos) que fueron 792 en la última contabilidad oficial.
El leonés Pablo Fernández, portavoz de Podemos, insistió ayer en la necesidad de aprobar también las medidas antidesahucios. «Si no lo hace, el Gobierno debería pagar íntegramente el alquiler que tenga que abonarse» para evitar el desahucio de las familias acogidas a la moratoria.