La empresa del radar multador de León cobró 8.474 € de propina por las 4.700 sanciones puestas

La factura del radar puesto a capricho por el alcalde, sin propuesta de los técnicos, en la prolongación de la avenida Padre Isla, frente al centro deportivo de Eras, en un tramo limitado a 30 kilómetros por hora, sin viviendas alrededor, la paga todavía el Ayuntamiento de León. Cinco meses después de que se desmontara, empujado por la presión vecinal y política que censuraba su afán recaudatorio, el consistorio acaba de abonarle a la empresa adjudicataria de los servicios, Kapsch Trafficcom, la propina por el exceso de multas: 8.474,41 euros, IVA incluido, en menos de dos meses y medio de funcionamiento en los que el cinemómetro, que acabó reventado de un disparo que descubrieron al quitar la cubierta, firmó 4.500 sanciones.

El extra sale de la aplicación de la cláusula del contrato que marca que, por encima de las 600 multas mensuales, a la empresa le corresponde un pago adicional. La medida se aplica a cada uno de los elementos que componen el servicio de «disciplina del tráfico», en los que se incluyen los cuatro semáforos de fotorrojo, que incrementan la factura a razón de 0,8741 euros por cada boletín que supera el listón máximo, y el radar, donde el aguinaldo se eleva hasta los 2,5667 euros por multa que rebasa el tope.

En este último año, la cuenta no apunta ningún extra correspondiente a los semáforos de fotorrojo. La propina a cada sanción por encima del listón considerado como base sale íntegra de los resultados del radar. Aunque no hay ningún extra que provenga del funcionamiento del cinemómetro en los cinco primeros meses y medio del año. Mientras estuvo ubicado en la avenida San Juan de Sahagún, en La Palomera, en el cruce con la calle Alfonso VI, frente al gimnasio el Calabozo y los billares Keiton, no se registró ninguna alteración. En este punto, donde se había colocado en mayo de 2023, los números quedan entre los más bajos de la historia de estos dispositivos fijos. No rentaba y la administración municipal decidió buscar otro emplazamiento.

Desde el 19 de junio al 5 de septiembre

El salto se da a partir del 19 de junio de 2025. El estreno del radar en la prolongación de Padre Isla, superada la última casa de lo que antes se denominaba 18 de Julio, hizo que los resultados se dispararan. Sin ningún informe de los técnicos municipales, ni de la Policía, que hasta entonces siempre habían avalado las instalaciones en función de los atropellos o los accidentes registrados, el alcalde se amparó para ubicarlo en este enclave en una supuesta petición vecinal, pese a que no hay ninguna asociación en la zona. 

Allí, en poco más de tres meses de funcionamiento, el cinemómetro llegó a cazar hasta a 200 infractores en un solo día, al punto de rozar los registros de récord que había tenido el dispositivo cuando estuvo en las inmediaciones del cruce de Oteruelo, donde se llegó por una vía de dos carriles a la entrada de la ciudad y se pasa de la limitación a 90 kilómetros por hora a sólo 50 kilómetros por hora en unos metros.

La rentabilidad queda acreditada por los menos de dos meses y medio de vida del radar en Padre Isla. El aparato se desmontó el 5 de septiembre, después de que los conductores e incluso UPL en el Pleno municipal hubieran criticado el afán recaudatorio y exigido el informe que avalaba su ubicación. No lo había. En silencio, de la misma manera que había entrado en funcionamiento, pese a que el alcalde se comprometió públicamente a que se informaría por los medios municipales cada vez que se estrenara una ubicación, el Ayuntamiento de la capital leonesa lo desmontó. Al hacerlo, los agentes de la Policía Local descubrieron que el equipo estaba inutilizado por un disparo que había entrado por la parte trasera de la carcasa.

En este tiempo, el radar sumó las 600 multas ordinarias mensuales, incluido junio, en el que apenas funcionó 12 días. Pero junto con estas 1.800 sanciones de los tres meses afectados, el dispositivo llegó a anotar otras 2.700 sanciones de propina para Kapsch Trafficcom, la multinacional que de manera histórica concentra todos los contratos relacionados con el tráfico y la vigilancia. 

El pasado año, en el que el compromiso ya estaba prorrogado de manera «irregular» desde noviembre de 2023, como advirtió Intervención en un informe en el que afeaba que no se hubiera sacado el concurso cuando se sabía que finalizaba, la empresa cobró 596.684,41 euros, repartidos en tres pagos. A esta cifra hay que restarle los 588.210 euros ordinario al año para encontrar el extra de las multas: 8.474,41 euros. Si se le detrae el IVA, que asciende a 1.779,61 euros, y se divoide entre lo que se paga por sanción adicional sale la cuenta.

Rentabilidad municipal y multas mal tramitadas

La propina la rentabilizó el Ayuntamiento de León con creces. La aplicación de los márgenes de la Dirección General de Tráfico (DGT) determinó que aquellos a quienes pilló el radar por encima de 37 por hora y hasta 50 por hora tuvieran que abonar 100 euros, sin puntos, mientras que de 51 a 60 pasaba a 300 euros; entre 61 y 70 por hora, a 400 euros; de 71 a 80 por hora, a 500 euros; y 81 o más, a 600 euros.

Aunque no todas las multas llegaron a cobrarse. El Ayuntamiento de León tuvo que admitir que había un error en las notificaciones. El boletín ubicaba el radar en el número 1 de Padre Isla, a la altura del hotel Alfonso V, cuando en realidad está por encima del número 138. Como consecuencia, estimó todos los recursos y anuló las sanciones. Pero sólo a quienes reclamaban. A los demás ciudadanos, que pagaban sin protestar porque lo desconocían, les cobró sin avisar de la irregularidad por su parte.