El Tarcyl paraliza de forma cautelar la adjudicación del contrato del radar de León

La prórroga de manera irregular del contrato que aúna la gestión de la red de semáforos, los accesos a las zonas peatonales, las cámaras de lectura de matrículas, las de videovigilancia, la red semafórica, los cuatro foto rojo y el radar se demorará aún más. La propuesta de adjudicación del contrato, en la que se asentaba el mantenimiento de la misma empresa que lo acumula de forma histórica, Kapsch Trafficcom Transportation SAU, antigua Telvent, queda paralizada de forma cautelar. No podrá formalizarse la firma del nuevo compromiso al menos hasta que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarcyl) resuelva el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la otra mercantil que se presentó al concurso, Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A. (Sice), junto a la que formaba oferta la leonesa Proconsi.

La admisión a trámite por parte del Tarcyl hace que los 26 meses que había acumulado Kapsch de propina, a contar desde que venció el contrato en noviembre de 2023, se amplíen. La multinacional mantendrá la gestión a la espera de que el órgano de deliberación, dependiente del Consejo Consultivo, resuelva si se debe enmendar el concurso o se da por bueno el resultado de la mesa de contratación, que adjudicó el compromiso por apenas 1,36 puntos: 89,47 frente a los 88,11 de Sice y Proconsi, que habían logrado mejor valoración en la oferta técnica, 30 puntos por 26 de la otra empresa, pero habían perdido por la económica, en la que la actual prestadora de los servicios logró 63,47 por 58,11 de su rival.

El dictamen pendiente suspende por ahora la firma del contrato que ya estaba previsto formalizar estos días por parte del Ayuntamiento de León. Queda en el aire ahora la entrada en vigor de un compromiso que regulariza la prestación de los servicios por un plazo de tres años, con opción como máximo a dos prórrogas anuales. La factura a favor de la empresa adjudicataria ascenderá a 1,2 millones de euros por cada ejercicio, más del doble de los 588.210 euros que ha percibido en cada una de las ocho últimas anualidades, dado que el nuevo encargo añade más prestaciones a la cartera, como el centenar de cámaras de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), la gestión electrónica de los residuos sólidos urbanos y la eficiencia energética de la smart city.

No cambia el funcionamiento del resto de equipamientos que se recogían en el actual contrato de «servicio de mantenimiento, conservación, reparación y gestión de la infraestructura y nuevas instalaciones de la vertical de movilidad». El acuerdo incluye todo el funcionamiento que se coordina desde la sala de control del tráfico, ubicada en las instalaciones del Colegio de Huérfanos Ferroviarios (CHF). En este paquete total entran los dispositivos de sanción, que disponen una cláusula que eleva la facturación para la empresa: por cada multa a mayores de 600 mensuales cobra 0,8741 euros en el caso de cada semáforo de foto rojo y 2,5667 euros por cada sanción del radar.