El Gobierno desconoce cuántos migrantes se acogerán en León a la regularización
Las variables en el arraigo llenan de dudas los días previos a la firma de la normativa
Migrantes juegan al fútbol en las afueras de León.
El Gobierno no tiene aún referencias aproximadas de la cifra de migrantes que se acogerán en la provincia de León al proceso de regularización extraordinaria que se pretende poner en marcha en los próximos días. Fuentes de la Subdelegación de León explicaron a este periódico que no existe una previsión cerrada «ni para León ni a nivel nacional».
El Real Decreto fijaba »requisitos claros» para garantizar la seguridad jurídica. El principal pasa por acreditar una permanencia continuada de, como mínimo, cinco meses en el momento de la solicitud y haber residido en España antes del 31 de diciembre de 2025. En el caso de los solicitantes de protección internacional, bastará con que dicha solicitud se hubiera presentado antes del 31 de diciembre de 2025 y se pueda acreditar.
Otro de los argumentos indispensables es carecer de antecedentes penales. La medida regulariza una realidad ya existente, con criterios razonables que aseguran el control del sistema y una integración efectiva. Se esperaba que las solicitudes se empezaran a presentar estos días, una vez cumplidos los trámites preceptivos para aprobar definitivamente el Real Decreto, y el proceso estará abierto hasta el 30 de junio de 2026.
«El procedimiento extraordinario de regularización se encuentra en fase de aprobación y desarrollo normativo, por lo que todavía no existe una estimación cerrada y definitiva del número de personas que podrán acogerse al mismo, ni a nivel nacional ni en la provincia de León», explicaron las citadas fuentes.
Máxima cautela
«En el caso concreto de León, cualquier estimación debe hacerse con cautela, ya que dependerá de factores como el cumplimiento de los requisitos que finalmente se establezcan, el arraigo de las personas solicitantes o su situación laboral», señala la Subdelegación.
El Ejecutivo rechaza que la medida pueda atraer a las mafias: «No existe efecto llamada cuando se fija un marco temporal claro, una fecha de corte definida y un plazo cerrado de solicitudes. Además, España cuenta hoy con un Reglamento de Extranjería moderno y eficaz, que refuerza las vías regulares, seguras y ordenadas. El 95% de las personas migrantes llegan ya por estas vías, y las llegadas irregulares a costas se han reducido más de un 42% en 2025», sostiene el Ministerio de Inclusión,, Seguridad Social y Migraciones.
¿No habrá mafias?
«Decir que regularizar beneficia a las mafias es ignorar una realidad evidente: la irregularidad es precisamente el mejor negocio para quienes explotan personas. Regularizar es cortar ese negocio. La evidencia empírica muestra que las regularizaciones generan efectos positivos, por ejemplo, la regularización de 2005 mejoró la integración laboral y la movilidad de las personas regularizadas, incrementó la recaudación fiscal y redujo la informalidad en sectores dependientes de mano de obra migrante. Además, los estudios disponibles concluyen que este proceso no generó un efecto llamada», según recogen los dossieres ministeriales.
Pero la realidad es otra. Entre los propios colectivos de inmigrantes se reconoce la existencia de propuestas para obtener tickets de cadenas de pizzerías nacionales con los que demostrar que desde hace más de cinco años, los aspirantes a la legalización ya hacían compras de comida rápida. Es uno de los requisitos. Otros casos son más sangrantes. La Brigada de Delitos Tecnológicos del Cuerpo Nacional de Policía ya analizó el sospechoso volumen de citas previas para el Registro Civil que apenas unos minutos después de ponerse a disposición del público, quedaban copadas sin posibilidad de que los abogados que representaban a los migrantes pudiesen reservarles una plaza para sus trámites.
Los colectivos que defienden los intereses de los ciudadanos extranjeros en León tampoco tienen referencia de los expedientes que se pueden tramitar. La estimación a nivel nacional fija una cuantía cercana al medio millón de personas, pero según valoraciones oficiosas. Los datos reales no se conocerán hasta que no se ponga en marcha la tramitación efectiva. El plazo inicial hablaba de principios de abril para la puesta en marcha del procedimiento. A día de hoy, todo sigue a la espera. Es de esperar que esta semana se produzcan novedades en este sentido. Y la intención del Gobierno es tener resuelto el tema en julio.