Las oposiciones a la Policía Local de León también estarán supervisadas por la Junta en 2028
La designación del Intendente Jefe todavía sigue en la vía judicial desde hace cuatro años
Simulador de tiro de la Policía Local.
El Ayuntamiento de León tendrá que someterse a la supervisión de la Junta para los procesos selectivos de la Policía Local no solamente en 2026 sino también en la convocatoria de 2028, de acuerdo a la determinación adoptada por la Administración Autonómica, de obligado cumplimiento en León máxime tras las últimas incidencias ocurridas en torno a la plaza del Intendente Jefe del cuerpo municipal y a la denuncia presentada por diez opositores a las plazas de suboficiales, que apreciaron irregularidades diversas.
León se adhiere así al convenio suscrito entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León para la Coordinación en la Gestión de Procesos selectivos de Policía Local 2026 y 2028.
Hasta ahora, estos procesos de selección los venía desarrollando el Ayuntamiento de León por sus propios medios, «con un elevado coste de energías. medios y algunas tensiones derivadas del elevado número de opositores y de la complejidad del proceso», explica el informe municipal, que señala que se trata de «un proceso que hay que realizar cada año, pues cada año se jubilan policías locales cuyas plazas es preciso cubrir».
El memorándum continúa diciendo que ahora la Junta de Castilla y León «ofrece a las entidades locales la posibilidad de realizar un proceso estandarizado para todas las policías locales de la Comunidad», gestionado por la Agencia de Protección Civil, para lo cual es preciso adherirse a un convenio tipo, que es lo que recomienda hacer el Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento de León.
Inicialmente se suscitó una duda que necesitó aclaración. A criterio del secretario de la Comisión, tanto del enunciado, como del texto del convenio, parecía desprenderse que la Agencia de Protección Civil realizaría los procesos de selección de policías locales en los ejercicios 2026 y 2028, y no en el período 2026-2028 con el aditamento de que, no obstante, ha solicitado del Servicio de Recursos Humanos que solicite aclaración sobre dicha cuestión, pues de ser así, el proceso de selección que deba realizarse en el año 2027 debería ser afrontado por el Ayuntamiento de León.
Pregunta UPL
UPL preguntó si esta adhesión supondrá o no que los procesos de selección se alarguen más en el tiempo. A juicio del Ayuntamiento, la decisión contribuirá a sacar del Servicio de Recursos Humanos la carga de trabajo que ahora representan tales procesos, carga que es importante, por lo que sería de esperar una mejora en los tiempos, especialmente en la coordinación del final de los procesos con la incorporación de los policías de nuevo acceso a la Academia de Avila, «pues si no existe esa coordinación puede ocurrir que los policías que accedan tengan que esperar un tiempo largo antes de incorporarse a dicha academia».
La resolución sobre la situación del Intendente Jefe de la Policía Local de León lleva cuatro años en compás de espera y aún no hay solución. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León corrigió por segunda vez la actuación del tribunal calificador. Primero anuló la corrección porque se censuró que se hubieran cambiado las primeras notas y luego incidió en que tampoco se había ejecutado como ordenaba la sentencia. los magistrados insistieron en que, al haberse nombrado de manera exprés el nuevo tribunal de selección y resuelto la correción justo dos días antes de que se cumplieran los dos meses máximos, la sentencia se da por ejecutada. Como consecuencia, Diez evitó tener que destituirle, mientras se resolvía la controversia judicial que ahora se dilatará todavía más.
Hubo más. Paralelamente, en diciembre alrededor de cuarenta opositores al Cuerpo de Policía Local de León exigieron la repetición de la última prueba correspondiente al proceso de selección para la dotación de once nuevas plazas de agente, algunas de las cuales habían quedado sin cubrir, como consecuencia de supuestas irregularidades en el examen psicotécnico, que ademas de excluir al 60% de los aspirantes (la media en pruebas de este tipo en otras provincias se sitúa entre el 5% y el 10%) incluía la exigencia de distinguir si la persona que realizaba la prueba era hombre o mujer.
Las tareas de selección de los opositores estaban basadas en el apartado psicotécnico en un test elaborado por una empresa privada externa al Ayuntamiento de León.