El Ayuntamiento de León pierde 1,02 M€ de la UE al renunciar al pretratamiento de la basura

La polémica por el posible «fraude de ley y pérdida de fondos» de la nueva línea de tratamiento de residuos proyectada por el Ayuntamiento de León se cierra en falso. Después de la denuncia de los trabajadores del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de San Román de la Vega, dependiente de la Diputación, que advertían de una presunta «duplicidad de subvenciones», la administración municipal terminará por renunciar a su ejecución. No la hará, ni tampoco recibirá los 1.022.019,7 euros de subvención de la UE, después de que a la controversia se haya unido la falta de disponibilidad de fondos propios del consistorio, que debía cofinanciar el plan con 612.429,81 euros, pero se ha visto condicionada por el agujero de 15,3 millones de euros de ingresos de la anulación de la tasa de basura.

La decisión del Ayuntamiento de León se ha trasladado ya a la Diputación. Los responsables municipales quieren que sus homólogos de la institución provincial les ayuden a vestir la renuncia al proyecto, que se había encomendado a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S.A. (Somacyl). El problema radica en que el ente instrumental, que el alcalde José Antonio Diez consideraba antes la «administración b» de la Junta, había completado el concurso público e, incluso, tiene desde el 5 de marzo formalizado el contrato con la empresa Vilor Infraestructuras, que ahora podría reclamar lucro cesante.

En este escenario, el consistorio ha llegado a deslizar que el problema se debe a que los gestores del CTR se negaban a abandonar las dependencias de los servicios municipales de limpieza, ubicados en la carretera de Vilecha, junto al mercado de ganados, donde se iba a ejecutar la línea de pretratamiento. Pero la única pega la habían resuelto los responsables provinciales con la solicitud de un espacio en el que pudieran almacenar los enseres, antes de llevarlos a la planta de San Román de la Vega.

Sin esta excusan, el equipo de gobierno de José Antonio Diez ha tenido que asumir la responsabilidad de la decisión. No cuenta con flexibilidad para poner la parte del presupuesto que le toca. Aunque pensaba afrontar los 612.429,81 euros con cargo al remanente de tesorería de 2024, como llegó incluso a aprobar, el varapalo de la sentencia del TSJ que anula la tasa de tratamiento de basura condiciona este uso. Sin esta parte, no se podrán cobrar los 1.022.019,7 euros de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE.

La renuncia acaba a su vez con la reclamación que habían cursado los responsables del comité de empresa del centro provincial. Los trabajadores registraron en diciembre un escrito, en el Ayuntamiento de León, la Diputación y Somacyl, para alertar de que en 2022 la UE había confirmado una subvención de 2.513.434,52 euros para la «adaptación y modernización de instalaciones en el CTR, planta final, para el tratamiento de la fracción orgánica de los residuos sólidos de toda la provincia por un importe», y después una posterior al consistorio «para una instalación idéntica en la capital que podría incurrir en una duplicidad de funciones y, por ende, de financiación».

Los operarios incidían en que «los residuos orgánicos que serían pretratados en la nueva instalación del municipio de León son la materia prima para el tratamiento final en el CTR, que ha sido previamente subvencionado precisamente para adaptarse a la recepción y tratamiento de esos flujos». Como consecuencia, defendían que «financiar dos etapas idénticas en la misma cadena de valor constituye una presunta ilegalidad administrativa y un uso ineficiente del dinero público». Su comunicación iba más allá, al avisar de que pondrían «estos hechos en conocimiento de las instancias judiciales y de la Comisión Europea, si se ignora la advertencia y se consuma el riesgo de reintegro por duplicidad».

El comité de empresa, con todos los delegados de USO, insistió én que era «un ejemplo de mala gestión y una estrategia que busca el enfrentamiento directo entre los dos pilares del sistema de residuos de León: el servicio de limpieza del Ayuntamiento, que recoge la fracción orgánica de recogida separada, y el CTR, que la procesa». Esta duplicidad de las dos líneas de pretratamiento, abundaban, podía perjudicarles al perder carga de trabajo que luego se tradujera en merma de empleos, además del posible fraude de ley. Con esa duda planteada por los trabajadores, ahora el consistorio de León frena el proyecto.