Intervención avisa que los últimos recibos de basura del Ayuntamiento de León no se podrían cobrar

El anterior informe del departamento de Intervención advirtió que la tasa de tratamiento de residuos de 2024 del Ayuntamiento de León no se ajustaba «a derecho» pese al empecinamiento del equipo de gobierno de ponerlos al cobro con retraso. Meses después, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) decretó la «nulidad» del tributo, con la consiguiente pérdida de 15,3 millones de euros de ingresos, a razón de 5,1 millones por cada uno de los tres últimos ejercicios. Ahora, el mismo órgano de fiscalización municipal, dirigido por Gabriel Menéndez Rubiera, lanza otra alerta, dentro del nuevo documento de «control financiero», en el que alerta de que, si alguien presenta un recurso judicial, el consistorio de la capital corre el riesgo de tener que devolver también los recibos de recogida de basura de 2025, recién cursados a primeros de este año, y los de 2026 que acaba de empezar a notificar. En suma, 9.980.000 euros que quedan de nuevo en el alero.

El informe insiste en que «la pretensión, manifestada en alguna reunión, pero de la que no se tiene constancia de tramitación alguna, de liquidar y recaudar la tasa sólo por recogida de residuos, en base a la ordenanza fiscal aprobada con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 07/2022, no resultaría ajustada a derecho». No se puede cobrar este tributo, de acuerdo con el criterio del interventor, porque «la referida ordenanza fiscal no ha sido adecuada a la Ley 7/2022, a la fecha 10 de abril de 2025», al vencer «el día 10 de abril de 2025» el «límite» de «tres años que fijan los artículos 11.3 y 12.5 para regular el servicio integral y establecer la tasa».

El intenventor insiste en que «para los ejercicios 2025 y 2026 no va a ser posible, por carecer de ordenanza fiscal vigente que le dé soporte, liquidar ni recaudar ingreso alguno por los servicios de recogida, transporte y tratamiento de residuos». No sólo se refiere al recibo del antiguo tributo de Gersul, que el equipo de gobierno ya había asumido después del segundo varapalo del TSJ recibido en enero y que todavía no ha devuelto a quienes lo pagaron. El apunte incluye ya el daño correspondiente a la posible anulación de las facturas que se cobraron en febrero de una sola vez, aunque correspondían a los cuatro trimestres del año precedente, y las que se han empezado a girar a partir de abril que se ajustan a este ejercicio.

El sistema ha provocado que, al hacerlo con retraso, los contribuyentes paguen el doble en esta anualidad: 101,12 euros las viviendas ubicadas en calles de primera y segunda categoría, 87,6 euros las de tercera y cuarta, y 71,1 euros las de quinta y sexta; mientras que los locales comerciales abonarán de 53,6 a 159,7 euros, aunque con casos excepcionales que van de los 531,8 euros de los restaurantes a los 10.044,2 euros de Carrefour. No cuenta Intervención con estos 9.980.000 euros de ingresos de 2025 y 2026, pero además se adelanta a reseñar que el efecto se podría extender a 2027, puesto que todavía no hay una ordenanza en la que se unifiquen los servicios de recogida y de tratamiento, después de que el TSJ anulara el intento en la primera sentencia de anulación que recibió el Ayuntamiento en septiembre del año pasado.

Pese a que el gobierno municipal acaba de sacar a contratación el encargo para que una asesoría redacte esta normativa, Intervención insiste en que «la tramitación y aprobación de una ordenanza fiscal específica, diferenciada y no deficitaria, que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos, regulando una estimación directa o indirecta de la base imponible requiere más de un año de estudio, toma de datos, y elaboración de las ordenanzas fiscal y reguladora del servicio». «Se colige que para el ejercicio 2027 va a ser imposible disponer de los instrumentos normativos necesarios para poder liquidar derecho alguno por este concepto», sentencia, tras detallar que «en el caso de estimación directa de la base imponible, se requiere la implantación de un sistema de medición del peso de los residuos (categorizados) que deposita cada obligado tributario», mientras que, si se opta por la «estimación indirecta de la base imponible», se necesita «la implantación de un sistema de muestreo del municipio para establecer zonas homogéneas por categorías de residuos».