La Junta recurre al TS el proceso que regula a 5.800 extranjeros en León

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso planteado por la Junta de Castilla y León contra el real decreto de regularización migrantes, que en la provincia de León ha doblado las previsiones iniciales. Según los datos definitivos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la provincia ha registrado 5.830 solicitudes, una cifra que dobla las previsiones fijadas inicialmente en torno a las 2.900 peticiones.

El recurso presentado desde la Junta cuestiona la dimensión sin precedentes del proceso, la ruptura con los criterios históricos de regularización, la flexibilización de los requisitos de acreditación, la falta de participación de las comunidades autónomas y su compatibilidad con el marco europeo de control migratorio. El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, señala que «existen motivos jurídicos sólidos y suficientemente fundamentados para cuestionar la legalidad de este real decreto, cuya dimensión y contenido justifican plenamente la interposición del recurso por parte de la Junta de Castilla y León».

El aluvión de solicitudes que se computaron en León la sitúan como la tercera provincia de Castilla y León con mayor volumen de regularizaciones —sólo por detrás de Valladolid, donde se contabilizaron 8.337, y Burgos, con 7.774,— y evidencia la enorme bolsa de economía sumergida y desprotección que existía en el territorio. En total, la comunidad autónoma sumó durante el proceso 39.981 peticiones, lo que representa el 3,4% a nivel nacional, donde se han rozado las 1,2 millones solicitudes.

El recurso cuestiona, en primer término, «el carácter exacerbado del proceso extraordinario de regularización», tanto por su dimensión como por su alcance, y que se refleja en unas cifras sin precedentes en la historia de España, según apuntan fuentes de la Consejería de Presidencia. !Si la previsión inicial del Gobierno, ya de una magnitud extraordinaria, situaba el número de potenciales beneficiarios en torno a 500.000 personas, las estimaciones más recientes elevan esa cifra hasta aproximadamente 1.100.000, lo que evidencia la dimensión inédita de la medida, sin que conste que se hayan analizado ni fundamentado sus naturales efectos», añaden.

Ruptura

A ello suman que el Real Decreto «rompe» con el criterio que ha presidido los anteriores procesos extraordinarios de regularización en España, en los que la autorización de residencia se vinculaba a la acreditación de una residencia efectiva y arraigo, y de una actividad laboral efectiva en el país. La nueva regulación prescinde de estos requisitos, alterando de forma sustancial los principios que habían inspirado este tipo de procedimientos.

Desde la Junta consideran que esta norma supone una flexibilización sin precedentes de los mecanismos de acreditación exigidos para acceder al proceso de regularización. Frente al rigor documental que tradicionalmente ha caracterizado estos procedimientos, el nuevo régimen reduce de manera significativa las garantías sobre la forma de acreditar la vinculación con España y el cumplimiento de los requisitos exigidos. «Ello se refleja, entre otros aspectos, en la flexibilización extraordinaria del sistema de acreditación de los antecedentes penales, al permitir la tramitación de las solicitudes sin que la Administración disponga inicialmente de un documento certificador actualizado, cuya aportación previa había constituido tradicionalmente un requisito para su examen», concretan las mismas fuentes.

Sin las autonomías

Del mismo modo, las comunidades autónomas, como administraciones directamente responsables de la prestación de los principales servicios públicos, especialmente en ámbitos como la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales, según la Junta, no han participado en el diseño de una decisión que puede generar una importante presión sobre la capacidad asistencial y organizativa de dichos servicios. «El Gobierno de España ha aprobado esta medida sin contar con dichas administraciones, pese a ser las que soportarán de forma directa el impacto derivado de un incremento de esta magnitud de la población», precisan desde la Consejería de Presidencia, para añadir que el Ejecutivo autonómico considera que el Real Decreto resulta incompatible con el marco de compromisos asumidos por los Estados miembros de la Unión Europea en materia de control de fronteras y política migratoria, orientados a garantizar una gestión ordenada de los flujos migratorios y a evitar procesos de regularización que puedan generar un efecto llamada de carácter masivo. Gago recuerda que el 22 de mayo el Tribunal Supremo ya había desestimado la solicitud de suspensión del Real Decreto.