León sube la factura de la privatización del mantenimiento de la ciudad 6 M€ más

A los más de 21 millones de euros fundidos en los últimos cinco años les dará continuidad otros 27, en los cinco siguientes, IVA incluido, en ambos casos. Mientras deja correr en precario la concesión, que venció de manera oficial en junio, el equipo de gobierno del Ayuntamiento promueve el nuevo contrato de privatización del «servicio de mantenimiento, conservación, reparación y reposición del viario público del municipio de León». La factura anota un incremento de 6 millones sobre la anterior, de acuerdo a los pliegos de condiciones del concurso público al que concurren cuatro ofertas: Api Movilidad, OPS Infraestructuras y Servicios Hidráulicos, la UTE formada por Civis Global y Elsamex y Seys Medioambiente y Sogesel, actuales concesionarios.

El expediente insiste en la misma fórmula que ya promovió el PSOE cuando se hizo con la Alcaldía de la capital leonesa en el mandato anterior. Desmontadas las brigadas municipales, que se redujeron a la mínima expresión tras dejar que se amortizaran las jubilaciones sin convocar las plazas que quedaban vacantes, el consistorio de la capital leonesa continuará con la gestión privada por un plazo de cinco años: cuatro iniciales, más una prórroga por acuerdo de las partes de una anualidad más.

No sólo se repite la duración, sino también la contabilidad de la factura. El contrato marca que el Ayuntamiento de León dispone de un presupuesto anual de 4,5 millones de euros para encargar actuaciones a la concesionaria, pero a mayores se avisa de que se podrá incrementar un 20% más, a razón de 900.000 euros por anualidad, si hay disponibilidad económica. En el contrato ya vencido, que cifraba la cantidad inicial en 3,5 millones al año, no dejó de echarse mano de los 700.000 euros de plus en los cinco años. Como resultado, se agotaron por completo los más de 21 millones de euros a favor de las empresas adjudicatarias: una operación que se busca mantener para contar con el mayor margen posible de actuación, sin recurrir a otras contrataciones de obras.

El documento de contratación calca además el objeto del servicio. La concesionaria deberá «dar continuidad al servicio», consistente en la «inspección y planificación de las actuaciones necesarias vinculadas para garantizar la funcionalidad de los elementos que constituyen el viario público, ya sea con actuaciones periódicas como con reparaciones urgentes en zonas puntuales de los diferentes elementos de la ciudad». Estas intervenciones se centrarán en la «reposición de zonas de tránsito de calzadas, plazas, parques, puentes, pasarelas peatonales, caminos y espacios peatonales pavimentados con aglomerado asfáltico, hormigón, mortero impreso y tratamientos superficiales a base de resinas y sus elementos auxiliares, entre otros», como se recoge en el informe de los técnicos.

A los arreglos ordinarios de las «brigadas de actuación inmediata», como baldosas que se levantan, socavones que hay que sellar o barandillas que arreglar, se añaden dentro de las opciones del contrato lo que se denomina en los pliegos de condiciones «renovaciones completas de zonas de trama urbana». Con atención a este epígrafe se atienden proyectos de calado, como la reurbanización de la avenida Europa o el aparcamiento de autocaravanas de La Palomera, «a precios previamente fijados por contrato», como se explica en el documento que detalla que, en estos casos, se ajustarán a los encargos específicos que marque el Ayuntamiento de León a la empresa concesionaria.

El catálogo de opciones detalla además que «aquellas plazas, parques y espacios peatonales, en que se desarrolle algún acto multitudinario, bien sea cultural, político, deportivo, etcétera, serán objeto de una revisión tanto el día anterior como el siguiente de la celebración del acto, procediendo en el caso de la existencia de algún deterioro a su reparación o reposición». El Ayuntamiento podrá reclamar la asistencia de empresa también para «situaciones excepcionales y de emergencia», como «inundaciones, corrimientos de tierras, aparición de hundimientos o socavones», así como para su concurso dentro del operativo del «plan de nevadas».

Las condiciones marcadas por el Ayuntamiento de León obligan a la concesionaria a subrogar de forma obligatoria a 16 trabajadores. En el anexo se cita a un gerente, con un coste total de 92.797,79 euros, un encargado con 54.316,42 euros, un auxiliar de organización con 39.016,06 euros, cinco oficiales de primera a razón de 43.026,55 euros cada uno, cuatro oficiales de segunda con 37.837,45 euros y tres peones especialistas con 33.852,55 euros. A mayores, se reseña que la empresa tendrá que contar con otros siete peones especialistas, un coordinador de seguridad y salud, un coordinador de comunicación y un responsable de calidad.

Tanto en las reparaciones puntuales como en los proyectos de más envergadura, la concesionaria certificará el coste, ajustado a los precios marcados, y lo restará de la cuenta total del contrato. Así, hasta agotar los 27 millones del presupuesto.