El PP fuerza al Ayuntamiento de León a actuar contra el Gobierno por Feve

La tensión política en León alcanza un nuevo episodio con la presentación de una moción del Grupo Municipal Popular que pretende obligar al alcalde José Antonio Diez a pasar de las declaraciones públicas a los hechos concretos. El objetivo: forzar judicialmente al Gobierno de España a cumplir un convenio que lleva más de década y media olvidado en los cajones administrativos.

La iniciativa popular llega después de que una plataforma ciudadana haya tenido que demandar tanto al Ayuntamiento como al Ministerio de Transportes por su inactividad en un proyecto ferroviario que prometía transformar la movilidad urbana de la capital leonesa. Una situación que evidencia la brecha entre el discurso político y la gestión administrativa real.

Los populares denuncian que, pese a las innumerables mociones aprobadas en pleno y las declaraciones mediáticas del primer edil socialista, no existe ni una sola actuación administrativa documentada que busque hacer realidad el retorno de los trenes a la emblemática estación de Matallana.

Un convenio de 2010 que nunca se ejecutó

El origen de esta controversia se remonta a febrero de 2010, cuando el Ayuntamiento de León suscribió un Convenio Marco con la entonces FEVE (actualmente ADIF y RENFE) y el Ministerio de Fomento para integrar la línea ferroviaria de vía estrecha en el entramado urbano leonés. Este acuerdo, que continúa legalmente vigente, fue ampliado mediante tres adendas sucesivas en mayo y agosto de ese mismo año y en marzo de 2012.

El proyecto inicial contemplaba la llegada de trenes a la estación de Padre Isla, un nudo de comunicaciones que quedó desconectado tras el fracaso del ambicioso proyecto tranviario municipal. Desde entonces, España ha vivido dos crisis económicas, varios cambios de gobierno y numerosas promesas incumplidas sobre infraestructuras ferroviarias en ciudades medias.

Lo más llamativo del caso es que la comisión de seguimiento del Convenio Marco nunca se ha reunido en estos 16 años de existencia formal del acuerdo. Un dato que refleja el abandono institucional de un compromiso que afecta directamente a la conectividad de varios barrios leoneses y a miles de usuarios potenciales del transporte público.

La Plataforma FEVE toma la iniciativa judicial

Ante la pasividad administrativa, la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Vía Estrecha de León decidió actuar por su cuenta. A finales de diciembre de 2025 mantuvieron una reunión con el alcalde José Antonio Diez en la que le recriminaron la ausencia total de reclamaciones frente al incumplimiento gubernamental y la falta de respuesta a más de una decena de escritos ciudadanos.

La respuesta inmediata fue una moción presentada por el propio grupo socialista en febrero de 2026, aprobada por unanimidad el 27 de febrero, que instaba al Ministerio a cumplir los acuerdos firmados. Sin embargo, según denuncia el PP, esta moción ni siquiera consta en el expediente administrativo correspondiente, lo que cuestiona su verdadera intención ejecutiva.

No satisfecha con las promesas políticas, la Plataforma FEVE dio un paso adelante en febrero de 2026 interponiendo una demanda contencioso-administrativa contra el Ayuntamiento de León por su inactividad en el Tribunal de Instancia de la ciudad. Un mes después, en marzo, presentó otra demanda en la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Esta segunda acción judicial resulta especialmente significativa porque la Plataforma actúa en sustitución del Ayuntamiento, el verdadero interesado legítimo que debería estar reclamando el cumplimiento del convenio. Una anomalía procesal que evidencia hasta qué punto la administración local ha renunciado a defender los intereses ciudadanos en este asunto.

El polémico pacto del corredor verde

La credibilidad del alcalde en esta cuestión quedó especialmente dañada tras los acontecimientos del otoño de 2024. Según recuerda el Partido Popular, José Antonio Diez pactó con el Gobierno central la creación de un corredor verde entre el apeadero de la Asunción y la estación de Padre Isla, en lugar de la recuperación del servicio ferroviario.

El primer edil llegó a calificar aquella propuesta como un "avance" y una "solución blanda", añadiendo que los vecinos de los barrios afectados no demandaban la llegada del tren. Unas declaraciones que contrastan abiertamente con las reivindicaciones de la Plataforma FEVE y con las propias mociones que su grupo municipal ha presentado y votado en el pleno.

Para los populares, este episodio demuestra que la única gestión conocida del alcalde sobre el asunto fue precisamente para evitar el retorno del ferrocarril, sustituyéndolo por una zona peatonal que muchos interpretan como la sepultura definitiva del proyecto ferroviario.

Contenido de la moción del Partido Popular

La iniciativa presentada por el Grupo Municipal Popular propone dos acuerdos concretos al Pleno Municipal. El primero exige que los servicios jurídicos municipales emitan un informe antes del 15 de octubre de 2026 sobre dos cuestiones fundamentales.

Por un lado, deben valorar la posibilidad de que el Ayuntamiento se persone en el recurso 175/2026 ya interpuesto en la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional contra la inactividad ministerial. Por otro, deben determinar el procedimiento legal adecuado para que la institución municipal exija judicialmente el cumplimiento de las obligaciones del Convenio Marco.

El segundo acuerdo establece un plazo de dos meses desde la aprobación de la moción para que el Ayuntamiento haya iniciado las acciones judiciales necesarias contra el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Un calendario concreto que pretende evitar que esta iniciativa corra la misma suerte que las anteriores: aprobarla por unanimidad y archivarla después sin ejecutar.

Un conflicto que refleja problemas estructurales

Más allá del caso particular leonés, esta controversia ilustra problemas endémicos en España relacionados con la ejecución de convenios entre administraciones. La falta de mecanismos efectivos de seguimiento y sanción permite que acuerdos formalmente vigentes queden en papel mojado durante años sin consecuencias para los responsables.

También evidencia la creciente brecha entre el discurso político en redes y medios y la gestión administrativa real. Los ciudadanos asisten a una sucesión de anuncios, mociones y declaraciones que raramente se traducen en actuaciones concretas verificables en los expedientes oficiales.

El resultado final es el deterioro de la confianza institucional y la necesidad de que sean plataformas ciudadanas quienes asuman costes económicos y de tiempo para llevar a los tribunales lo que las propias administraciones deberían defender de oficio.